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Amenaza permanente
El mayor problema de aceptar como acción política el concepto de espacio vital, además de las posibles repercusiones racistas, es que no existe un parámetro que limite las aspiraciones de un Estado en esta dirección y, por tanto, siempre son pensables políticas expansionistas al ritmo de la petición de reconocimientos que hagan grupos humanos que se ubiquen por fuera del territorio del Estado interesado.
Visto de esta manera, el problema de la seguridad del Estado colombiano frente a los cambios políticos introducidos por la llamada revolución bolivariana no terminan en las acciones del gobierno encabezado por el presidente Hugo Chávez por lo que, muy por el contrario, Colombia debe incluir en su agenda de seguridad el tema de la fronteras y los territorios, que superan el tema del conflicto interno.
Dicho en otras palabras: el problema de la amenaza que se desprende de la situación constitucional venezolana es de carácter estructural, de vigencia ilimitada mientras existan dichos artículos constitucionales o, por lo menos, esta formulación, en el marco mismo de la institucionalidad y la política. Ello es mucho más grave si se considera que tales afirmaciones son el producto de un pacto político en el que indistintamente participaron fuerzas sociales de diverso origen, corroboradas por prácticas democráticas, lo que deja entrever un posible consenso social sobre este tema. Es decir, las aspiraciones territoriales no son solo un planteamiento del gobierno Chávez, sino que éste, con seguridad, ha encontrado en ello un objetivo político que le permite ganar terreno con un tema sensible, pues la confrontación con Colombia siempre ha sido una buena fórmula para obtener resultados aceptables en política.
Con el fin del gobierno Chávez no desaparecerá la amenaza sobre Colombia, sino que ésta queda planteada de forma permanente y, por ello, el problema de la seguridad no se queda en un plano coyuntural, al igual que la cooperación desinteresada en el plano binacional queda viciada por la existencia de intereses estatales declarados, que comprometen la integridad de Colombia.
tomado de:
http://unperiodico.unal.edu.co/ediciones/108/02.html
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