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Más cocaína, menos futuro Sin un giro en la estrategia, el control del crimen en vastas zonas del país seguirá al alza. Editorial de El Tiempo Dado a conocer esta semana, el ‘Informe mundial sobre drogas 2025’, de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), confirma que la producción de cocaína en Colombia está disparada. Han crecido, como ya se sabe, el área de los cultivos ilícitos y la producción potencial de la droga. Esta última, en un cincuenta por ciento debido a la introducción de nuevas técnicas y variedades que garantizan un mayor retorno. Aunque algunas proyecciones y estudios hablaron en su momento de una eventual transición del consumo hacia otras sustancias como el fentanilo o las metanfetaminas, este trabajo deja claro que la cocaína sigue siendo una de las drogas ilícitas más consumidas en mercados clave como Europa y Norteamérica. Su consumo problemático muestra un alza en los países desarrollados mientras que se abren nuevos mercados en Asia y África. Aunque el ritmo de crecimiento de los cultivos de coca se ha moderado, la producción neta alcanzó un nuevo récord: más de 2.600 toneladas métricas en 2023. Esta cifra histórica no solo refleja la fortaleza de los actores ilegales, sino también la debilidad institucional del Estado colombiano en vastas regiones del país. A esto se suma un dato aún más alarmante: el 60 por ciento de esta producción se concentra en zonas donde los grupos armados ilegales tienen dominio absoluto. A la luz de este panorama, y como ya se ha dicho desde estos renglones, es insostenible seguir enfrentando el problema con estrategias enfocadas en una sola arista. Ni la interdicción –aunque relativamente eficaz– ni los planes de sustitución de cultivos han logrado contener el fenómeno. Ha sido un error desmarcarse completamente de lo que se venía haciendo por años sin tener una alternativa sólida. El problema de la cocaína requiere una política de Estado bien trazada, con metas claras, indicadores verificables y un trabajo conjunto y armónico de las distintas instituciones y entidades. Así las cosas, urge entender que mientras el Estado siga improvisando, el narcotráfico continuará arrasando con la naturaleza, el tejido social, los espacios de organización y acción comunitarios, las economías lícitas y la propia legitimidad institucional. La cocaína es el combustible de la máquina de guerra que hoy asfixia al Cauca, al Catatumbo, al sur del Meta y a la región del Pacífico. Es el motor que alimenta el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado, la deforestación y la corrupción local. No hay transformación territorial posible si antes no se arrincona con firmeza a esta industria ilegal que da pie a otras tantas, como bien lo advierte el informe. Desde luego que, como también se ha dicho, aquí el camino ideal sería el de un giro de fondo a nivel mundial, y en esto, debe reconocerse, el actual gobierno ha dado pasos políticos en el contexto internacional. Pero estos se quedan en los documentos y en la teoría e ignoran que la coyuntura muestra a gobiernos como el de Donald Trump en las antípodas de cualquier enfoque innovador en materia antidroga. Ante esa realidad, hay que ser racionales y pragmáticos. Hoy, el único camino posible es combatir el delito con contundencia y eficacia porque la víctima es la sociedad colombiana. El balance del gobierno de Gustavo Petro en este frente es desalentador. La política de ‘paz total’, que pretendía abordar de manera integral las violencias asociadas al narcotráfico, ha fracasado en contener el avance territorial de los grupos armados, que han aprovechado las treguas y los diálogos para fortalecerse. En paralelo, los programas de sustitución han quedado a medio camino o se han perdido en la maraña de la burocracia, sin lograr convertirse en alternativas reales y sostenibles para los campesinos cocaleros. La erradicación se redujo a su mínima expresión, con apenas 10.000 hectáreas intervenidas el año pasado. La meta para 2025, de 30.000, se ve muy lejana: solo se han erradicado 1.800. "Los programas de sustitución han quedado a medio camino o se han perdido en la maraña de la burocracia, sin lograr convertirse en alternativas reales y sostenibles para los campesinos cocaleros" El desafío es impedir la consolidación de un sistema criminal con ejércitos privados capaces de controlar rutas, imponer impuestos, intervenir procesos electorales y gobernar ‘de facto’ amplias regiones del país. No se trata ya de capos visibles, sino de redes sofisticadas que se nutren del desorden institucional, de la ausencia del Estado y de la resignación, confusión y sensación de falta de apoyo del centro que se percibe en las autoridades locales. El informe de la UNODC es un verdadero campanazo de alerta. Y mal hace el Gobierno en responder cuestionando su metodología. Una vez más hay que decirlo: urge una política pública seria, técnica, transparente y, sobre todo, sostenible en el tiempo. Lo que está en juego es demasiado grande: el orden social, la legitimidad del Estado, la seguridad de millones de personas y la posibilidad real de una paz duradera. El país necesita entender, de una vez por todas, que la lucha contra el narcotráfico no es solo una batalla de seguridad, es una lucha por la democracia, la equidad y el futuro mismo de Colombia.

Fuente: El Tempo