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Atentado a Miguel Uribe revive miedos del pasado en un país con una violencia diferente por Santiago Rodríguez Álvarez El intento de homicidio contra Miguel Uribe Turbay ha sacudido el miedo del regreso a la violencia política de finales del siglo pasado. “Retrocedimos 30 años”, “No podemos volver al pasado”. Estas son frases que han repetido una y otra vez políticos y analistas luego de que el precandidato del Centro Democrático fuera baleado en Bogotá. La imagen apela al pasado: un precandidato presidencial opositor al gobierno, un discurso interrumpido por las balas y los gritos de pánico, un evento de campaña electoral en plena capital del país machado de sangre. La descripción parece una noticia de las elecciones de 1990, cuando tres candidatos presidenciales fueron asesinados en Bogotá, y en el país el Cartel de Medellín desafiaba al Estado y las guerrillas disputaban el poder nacional. Pero, el atentado de Miguel Uribe sucedió en un país diferente, donde la violencia política contra figuras nacionales ha disminuido y se ha ensañado contra los liderazgos regionales. Aún no hay una hipótesis clara sobre los motivos que tuvo alguien para querer asesinar a este líder político, a diferencia de lo que ocurrió en los 90s. “En esa época del 89, más o menos uno sabía quién mató a Galán”, dice María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz. “Uno sabía que había unas fuerzas oscuras paramilitares, sabía que estaban las Farc y el ELN, sabía que estaba el Cartel de Medellín y el Cartel de Cali. Hoy no”. Punto de inflexión en el aumento de la violencia política La última vez que atentaron contra una figura del orden nacional en la capital del país fue en 2012, cuando las Farc realizaron un atentado fallido al exministro uribista Fernando Londoño. El último gran líder político que fue asesinado en Bogotá fue el conservador Álvaro Gómez Hurtado, en 1995. Antes de esta fecha periodistas, candidatos, jueces y políticos fueron asesinados por violencia política también en la capital. Esto no significa que la violencia política hubiera parado en el país desde entonces, sino que se concentró fuera del centro político. “En los 90 era una violencia política de alcance nacional, porque a las personas contra las cuales atentaban eran de figuración nacional: ministros, candidatos presidenciales. Lo que vimos desde la década de 2010 para acá es una vuelta a lo territorial”, dice el analista del conflicto Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte. El año con los indicadores de violencia política más bajos de los últimos 13 años registrado por la Misión de Observación Electoral (MOE), una ONG que hace seguimiento a la política electoral, fue en el 2014, en medio de la negociación de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las Farc. Un año después, en las elecciones regionales de 2015, la violencia subió, pero se mantuvo en cifras relativamente bajas. En contraste, en las últimas elecciones nacionales de 2022 la cifra de líderes políticos que sufrieron de amenazas, atentados, secuestros y asesinados creció un 262% frente al 2014. El aumento es casi igual de dramático para las últimas elecciones regionales de 2023 respecto a las de 2015: un 167% y un total de 506 hechos violentos registrados contra líderes políticos. Las cifras de la MOE muestran dos cosas: el aumento exponencial de los hechos violentos contra políticos después del Acuerdo de Paz de 2016, y una mayor concentración de hechos violentos en el nivel regional. “Los liderazgos políticos y sociales son el principal objeto de violencia por parte de organizaciones criminales, algo especialmente evidente en los territorios”, dice Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE. Es decir, la concentración de la inseguridad electoral en las regiones se debe a la expansión de los grupos armados ilegales después del Acuerdo de Paz que ya no disputan el poder nacional, sino que han centrado sus conflictos en capturar el poder regional. “La violencia política en Colombia se ha venido desarrollando al margen de nuestra vida social y política. Cuando esa violencia se da en el plano local tiende a pasar desapercibida, pero que en algunos momentos cuando el perfil de la víctima es nacional se genera una preocupación generalizada”, dice el profesor Trejos. Las cifras muestran que es cierto. Según la MOE, en las últimas elecciones regionales de 2023, 23 candidatos a alcaldías sufrieron atentados y 116 fueron amenazados. Además, ocho candidatos fueron asesinados: siete a concejos municipales y uno a Junta de Acción Local (edil). “Ese escenario, con lo que acaba de pasar con el precandidato presidencial Miguel Uribe, muestra como esta tendencia que se veía en territorio tiene un punto de inflexión”, dice Muñoz de la MOE. “Estos hechos de violencia que veíamos especialmente estaban concentrados en candidatos como concejales y alcaldes, pues ahora le ocurre a un precandidato presidencial, a un senador de la República, en Bogotá”, agrega. “Rompe la lógica, pero creería que es muy rápido para decir ahora que ya esto implica un cambio en la dinámica de la guerra, y que la guerra nuevamente va a llegar a Bogotá”, dice Trejos. Para él una muestra de que no hemos vuelto al pasado es que los niveles de violencia homicida son muy inferiores la tasa de homicidios de los noventa, cuando el país alcanzó una tasa superior a 80 homicidios por cada 100 mil habitantes. Para María Victoria Llorente, directora del tanque de pensamiento sobre el conflicto Fundación Ideas para la Paz (FIP), la violencia política que vemos ahora opera en dos niveles diferentes. El primero es el de los grupos armados anclados a las disputas regionales donde la violencia no ha parado y siguen asesinando líderes. En 2024, según la base de datos de La Silla Vacía, fueron 170, un 4% menos que el año anterior. El segundo es la violencia detrás del intento de asesinato de Uribe Turbay. “Decir que volvemos al pasado es como suponer que vamos a tener como las mismas condiciones. Pero hoy son muy diferentes, cuando hay un río revuelto muy berraco”, dice Llorente. Efectivamente, el conflicto se ha fragmentado y hay nueve grupos armados distintos, aliados de sectores del Estado, pero también enemigos cuando interfiere en sus negocios, otras veces enfrentados entre sí. “El escenario es como una película de vaqueros donde todos entran a un bar y todos están apuntando contra todos”, dice Llorente. Para la experta en el conflicto colombiano, el atentado contra Miguel Uribe sí abre preguntas necesarias sobre el pasado: “¿Habiendo sido un país que ha sufrido lo que ha sufrido, vamos a dejar escalar la violencia política?”. El miedo vuelve a fortalecer el discurso de seguridad Las elecciones presidenciales en Colombia han estado marcadas tradicionalmente por un eje principal: la política de seguridad y la situación de orden público. Una excepción notable fueron las elecciones del 2022, en la que Gustavo Petro quedó elegido como el primer presidente de izquierda de la historia moderna del país, después de una campaña marcada por las discusiones sobre las desigualdades sociales y rechazo al establecimiento. Pero, uno de los flancos políticos más débiles del presidente Gustavo Petro durante estos tres años ha sido justamente el manejo de la seguridad. Desde hace meses, tanto la oposición de derecha, los políticos de centro y hasta los aliados de izquierda petrista han usado como saco de boxeo la política de paz total y la política de seguridad de Petro, para criticar o desmarcarse del gobierno. Pero, tras el atentado de Miguel Uribe y la narrativa del regreso a la violencia política del pasado, ahora la seguridad volverá a ser el eje principal por el que transite la campaña presidencial del 2026. Así lo dejaron ver las reacciones de los demás precandidatos presidenciales al atentado contra Uribe Turbay. “La violencia no puede seguir poniendo la agenda de las elecciones en Colombia”, dijo el candidato petrista Gustavo Bolívar. “Le corresponde parar la polarización y estigmatización que él mismo atiza, dar instrucciones precisas para contener la violencia política, dar garantías para la campaña y hacer un plan real de seguridad”, dijo la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. “Regresamos a las peores épocas de muerte en Colombia. Tenemos que salir juntos de esta horrible noche”, dijo a su turno la candidata de derecha, Vicky Dávila. “La seguridad es patrimonio histórico de las propuestas políticas de la derecha, pero la izquierda se la va a empezar a disputar también y creo que el gobierno en ese sentido se movió con el cambio del MinDefensa”, dice el profesor Trejos. “Ahora lo que es clave es un resultado, yo creo que el gobierno se apuntaría un hit importante si rápidamente nos muestran cuál era el plan y quiénes están detrás del atentado”, agrega. Eso dependerá más de la Fiscalía, y es incierto que pase. Y si pasa, podría arrojar el debate en direcciones inesperadas dependiendo de si es un grupo armado, una organización criminal, de si está en una negociación con el gobierno, o si hay vínculos con un sector político. Pero ahora, con el atentado contra Miguel Uribe, le estalla al gobierno como un fracaso para garantizar la seguridad de un candidato, como lo reconoció el mismo presidente. Las fallas en el esquema de seguridad recuerdan atentados como el de Galán o Pizarro, en donde sectores estatales estuvieron involucrados. Y la primera responsabilidad está recayendo sobre la UNP, manejada por Augusto Rodríguez, alfil del presidente Petro. Ese clima de desconfianza es abierto. La mayoría de los partidos de oposición y precandidatos presidenciales se negaron a asistir a una sesión de la Comisión de Seguimiento Electoral. Esta fue convocada hoy para discutir las garantías de seguridad, después de meses de retraso y falta de interés del gobierno después de la salida del exministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Las bancadas de nueve partidos pidieron además que no sea la Unidad Nacional de Protección (UNP) la encargada de los esquemas de seguridad durante la campaña electoral, sino que sea la Policía. Un elemento que revive, pero ahora al revés, el viejo temor de la oposición de izquierda a los organismos de seguridad de los gobiernos en el pasado.

Fuente: La silla Vacía