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Con luz verde de la Corte a Escazú el ambientalismo gana batalla de cinco años por Camilo Andrés Garzón Con el fallo positivo de la Corte Constitucional, el Acuerdo de Escazú pasa la última prueba para incorporarse al ordenamiento jurídico colombiano y volverse una hoja de ruta para la protección de líderes ambientales en uno de los países donde ejercer ese liderazgo es más riesgoso. Su ratificación es un triunfo para los grupos ambientalistas, que le hicieron lobby a su aprobación, y para la agenda ambiental del gobierno Petro, que manda un mensaje coherente con su discurso de protección de los ambientalistas en la antesala de la Cop 16 de biodiversidad. Colombia firmó el Acuerdo de Escazú en 2019, luego de su adopción en Costa Rica en 2018. Lo han ratificado otros 15 países de la región, pero desde 2019 enfrentó una dura resistencia del sector empresarial y sólo hasta ayer logró volverse una realidad con el visto bueno de la Corte. Con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibañez, y por unanimidad, la Constitucional consideró que el Acuerdo cumplía con las normas para ser aprobado por el gobierno y el Congreso. El camino de la pañoleta naranja El movimiento ambiental alrededor de la defensa de Escazú se originó en Bogotá, pegado a todo el movimiento del Paro Nacional del 2019. En el marco de ese paro, el sector ambiental convocó un paro nacional ambiental, con el apoyo principal de organizaciones como la Alianza Libre de Fracking, el Movimento Nacional Ambiental, y la organización internacional de jóvenes llamada Viernes por el Futuro, liderada por Greta Thunberg. En esas movilizaciones hubo agendas ambientales cruzadas: los de la oposición al fracking, pero también de la defensa de los tiburones y la protección de la vida de los defensores ambientales. A raíz de las movilizaciones, el gobierno Duque convocó a unas mesas de diálogo, que se reunieron para discutir sus demandas ambientales en la Casa de Nariño. En la antesala de la reunión, los movimientos ambientales acordaron que, a pesar de sus distintas causas, se unirían en la petición al gobierno Duque para que Colombia firmara Escazú. Entonces un instrumento reciente que prometía reforzar la protección de los líderes ambientales. En este frente, el Acuerdo se compone de unas disposiciones que obligan al gobierno a realizar acciones para tener información abierta y disponible sobre proyectos que generan afectaciones ambientales; a darles información y voz en los proyectos a los líderes y comunidades, y a crear herramientas para solucionar conflictos entre empresas y comunidades, como explica este video. En su artículo 9, el Acuerdo pide además a los Estados que creen planes para reconocer y proteger los derechos de los defensores en asuntos ambientales, así como su capacidad para ejercer su opinión en territorios. A la petición de los jóvenes ambientalistas se unieron figuras de las universidades privadas, como Mauricio Madrigal y Camilo Quintero (hoy de la UTL del senador Daniel Carvalho) que eran profesores de la Clínica Jurídica de Medioambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, y Lina Muñoz, profesora de derecho ambiental de la Universidad del Rosario. Ellos en debates públicos empujaron los argumentos sobre por qué el Acuerdo de Escazú no violaba las leyes ya firmadas en Colombia. Duque empezó a cumplir y, aún cuando no había pasado ni una semana, anunció en la presentación del Informe de Desarrollo Humano que el gobierno iba a firmar Escazú, y que luego presentaría el acuerdo ante el Congreso para su ratificación. El proyecto fue radicado el 20 de julio de 2020, y el 5 de noviembre arrancaron las discusiones en comisión segunda para abordar su ratificación, pero el proyecto se hundió dos veces en medio de tardanzas en los debates y votaciones. Que a Duque le costara cumplir su principal promesa ambiental al paro se debió en parte a que los primeros en obstaculizar su cumplimiento fue su propia bancada, el Centro Democrático, especialmente en cabeza de la principal detractora del proyecto, la senadora Maria Fernanda Cabal. La senadora Cabal contó a La Silla cómo llegó a oponerse a Escazú, al que considera nocivo para la soberanía nacional y la productividad: “Yo he conocido el activismo de las Ongs internacionales que usan a la justicia para lograr lo que Olavo de Carvalho llamó la tiranía de las causas justas o el fascismo de los buenos, y empiezo a ver una cantidad de Ongs patrocinadas por George Soros, y cuando leo a fondo el tratado me doy cuenta del articulado perverso”, dijo. Dice que en Escazú vio, con su lenguaje que antepone la palabra derechos humanos a la palabra ambiental, una apertura de los proyectos productivos nacionales a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal de la Haya, que quedan ante la posibilidad de ser demandados por presunto daño ambiental por cualquier individuo u organización. “Ponen a Colombia en un litigio absurdo, perdiendo su autonomía como nación, perdiendo la capacidad de decidir sobre los recursos naturales … Este es el invento más fuera de realidad que he visto, que es convertir el activismo ambiental en empobrecimiento de un país”, dijo. La senadora Cabal cuenta que lo que hizo entonces fue mandar 300 cartas a todo el sector productivo, entre petrolero, agrícola, ganadero y minero alertando de lo que implicaba Escazú para la soberanía nacional. Cuenta sobre esto: “y los empresarios estaban aterrados de ver cómo el presidente Duque había introducido este tratado, porque no sabían que Duque era progre y que le fascina todo ese tema del progresismo ambientalista”, dijo. La estrategia que lideró casi que en solitario la senadora Cabal -pues no encontró eco en otros partidos- fue exitosa en el sentido de movilizar gremios completos, como el minero y ganadero, en contra del Acuerdo de Escazú. Un acuerdo que todavía no ha sido ratificado en Costa Rica, el país donde se firmó originalmente. Paralelamente, arrancó un movimiento integrado por las organizaciones ambientalistas para presionar la aprobación del proyecto en el Congreso. Como cuenta Juan Pablo Sierra, uno de los jóvenes de Viernes por el Futuro, que estuvo desde las movilizaciones de 2019, la financiación era difícil: “Nosotros duramos tres años movilizándonos en las calles para mantener el tema despierto. Llegamos a recibir un pago de 350 mil pesos y 600 mil pesos del movimiento de Greta Thunberg para comprar materiales para hacer carteles”, dijo. Cuenta que en 2022 llegaron a la idea de tener pañoletas color naranja, que se volvió el símbolo de la causa por Escazú. “Elegimos ese color entre otros, porque el verde ya hace parte del movimiento feminista, y el azul hace referencia las personas que están en contra del aborto del movimiento pro-vida. Arrancamos con plata nuestra comprando 100 pañoletas, y con la idea de entregarlas a todos los congresistas, pero nos tocó comprar muchas más con nuestra propia plata”, dijo Sierra. La idea pegó y con el cambio de gobierno, en julio de 2022, arrancó el activismo pro-Escazú en un gobierno que tenía entre sus banderas ambientales la aprobación del Acuerdo. Junto con congresistas del Pacto Histórico, la pañoleta se la pusieron legisladores liberales como Juan Carlos Losada y Julia Miranda, y verdes como Carolina Giraldo y Alejandro García. La ministra Susana Muhammad también lo hizo, en señal de apoyo a su causa. Ayudó para darle visibilidad a su activismo que, en medio de los debates para la ratificación, cuando le intentaron poner la pañoleta a la senadora Maria Fernanda Cabal, en 2022, se desató una pelea entre la senadora y los jóvenes activistas. Con los apoyos, y un senado en cabeza de Roy Barreras, el proyecto logró su aprobación temprana en la primera legislatura del Congreso en la era Petro. Desde entonces, el paso que quedaba pendiente era su revisión de constitucionalidad por parte de la Corte, un proceso que comenzó desde noviembre de 2022 y que contó con una participación de casi ochenta intervenciones pidiendo su declaración, en medio de las audiencias públicas que hizo la Corte a finales de abril para recoger insumos y así tomar la decisión. Temiendo que se cumplieran los tiempos de la Corte para pronunciarse sobre el tema, que era hasta el 3 de septiembre, la Alianza por el Acuerdo de Escazú, una red de organizaciones de la sociedad civil entre las que está DeJusticia, WWF, la Asociación Ambiente y Sociedad y el Movimiento Ambientalista Colombiano, entre otros, empezaron a mover un comunicado la semana pasada instando a que la Corte culminara el proceso y tomara una decisión. En el comunicado, la Alianza advirtió sobre los riesgos de no adoptar el Acuerdo de Escazú, entre los que incluyó que Colombia perdería la oportunidad de fortalecer su marco normativo ambiental, vulnerando los derechos de líderes ambientales y limitando la participación de la ciudadanía en las decisiones relacionadas con el medioambiente. Decía que Colombia sufriría una “pérdida de liderazgo y credibilidad regional”, luego de que fue un actor crucial en las negociaciones del Acuerdo. La Corte finalmente les dio la razón. Dijo que: “tanto la fase previa gubernamental como el proceso legislativo de aprobación del Acuerdo satisfacen los requisitos previstos en la Constitución”. En particular, uno de los puntos contenciosos era si la decisión requería realizar una consulta previa y un análisis de impacto fiscal en el Congreso. La tesis de la Procuraduría, que respaldó la sentencia, es que esas medidas no eran necesarias. La Corte dijo que “no era necesario agotar la consulta previa”, ya que el acuerdo no implica regulaciones que afecten directamente a las comunidades étnicas. En ese punto fue clave la posición de las organizaciones afro e indígenas que manifestaron que no requerían la consulta previa para aprobar Escazú. En medio del triunfalismo, el reto de la implementación Mauricio Madrigal, especialista en incidencia política de WWF, una de las organizaciones que se movilizó para la aprobación del Acuerdo, dice que la decisión de la Corte refleja un proceso largo de trabajo de muchas organizaciones: “Son cinco años impulsando la importancia de Escazú desde esta alianza de organizaciones. Nosotros no estábamos sentados esperando su rectificación. Desde hace meses veníamos socializando sus implicaciones con líderes en territorios en temas de agua, cambio climático y defensa del territorio, pero faltaba este paso para poder finalmente hacerlo oficial”, dijo. Natalia Escobar, investigadora de justicia ambiental de DeJusticia, otra de las organizaciones de la Alianza por el Acuerdo de Escazú, dice que desde la sociedad civil ellos estarán apoyando ahora la implementación, pero que el liderazgo de esa ruta le corresponde al gobierno. “Su aprobación materializa acciones que están regadas en muchas normas. Nos da herramientas para empezar a trabajar en la protección de los líderes”, dice. El anuncio le llega en un buen momento al gobierno ante la comunidad internacional, porque le permite ratificar su eslogan de “paz con la naturaleza” que enmarca la Cop 16. Mónica Amador, funcionaria del Ministerio de Ambiente argumenta que la ratificación de Escazú tiene todo que ver con la Cop de biodiversidad porque son los líderes ambientales amenazados los que más garantizan la protección de la biodiversidad en el país. Los movimientos que hoy celebran la decisión dicen que el reto ahora está ahora en su implementación: “Ni el Acuerdo de Escazú ni ningún marco va a solucionar el hecho de que en muchos territorios hay una situación de conflicto armado que pone en riesgo la vida de muchos liderazgos ambientales”, dice Natalia Escobar. La aprobación de Escazú llega precisamente en una plaza letal para el liderazgo ambiental, pues Colombia ha tenido el deshonroso título de ser el país más peligroso para ser un líder ambiental en el mundo en varios años, según datos de Global Witness, una organización global que lleva ese conteo. Sólo en 2022 mataron en Colombia a 60 personas defensoras del medioambiente, casi el doble que en 2021, y la tercera parte de todos los líderes ambientales asesinados en el mundo.

Fuente: La Silla Vacía