Aún es pronto para opinar. Ya se ha hecho en el pasado el canje de dinero por armas con resultados a corto plazo, pero a mediano y largo plazo la criminalidad ha vuelto a aumentar. Hay que estudiar el articulado para ver sus verdaderos alcances.

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Pago por armas: la estrategia de desarme contemplada por el gobierno Redacción Política • Hace 1 h Tras un consejo de seguridad, con los alcaldes de las principales ciudades del país, se habló de las estrategias para reducir las violencias urbanas. En consejo de seguridad con los alcaldes de las principales ciudades del país, el gobierno habló de la campaña de pago por armas, como estrategia de desarme. © Presidencia Mientras el gobierno Petro hacía un gran evento para radicar el plan nacional de desarrollo, en la Casa de Nariño, los alcaldes de las principales ciudades del país se reunieron con el Ejecutivo para un consejo de seguridad. Del encuentro salió la hoja de ruta para “combatir el delito callejero y el crimen organizado en los centros urbanos”. De acuerdo con Alfonso Prada, ministro del Interior y quien está haciendo de portavoz del Gobierno, se llegó a “una sola estrategia”, aunque teniendo en cuenta las características de cada una de las ciudades del país. En este punto se recordó que unas son las características en ciudades portuarias y otra cosa es el delito en ciudades del interior. Como punto principal de esta estrategia se estableció el desarme en las ciudades. Esta campaña sería liderada por el presidente y los alcaldes de cada ciudad. En este caso se llegó a plantear hasta la posibilidad de que hagan “ofertas de pago por las armas”. De esta forma, se buscaría retirar de circulación una gran cantidad de armas que actualmente son utilizadas para todo tipo de delitos. También se habló de una labor legislativa para llevar proyectos en los que se habla de penas cortas, pero eficaces con las que “se envíe un mensaje contundente de combate al delito”. Los proyectos que lleguen a Congreso también tendrían un enfoque de sanción especial cuando haya recurrencia y se establezcan agravantes por los delitos que pongan en riesgo a la ciudadanía. “La meta es reducir significativamente las extorsiones, el hurto y el atraco callejero”, dijo el ministro Prada, que también habló de la necesidad de aumentar el pie de fuerza en las ciudades y el equilibrio de responsabilidades del tratamiento penitenciario entre las instancias nacionales y locales. Esto último incluye la presentación de proyecto que plantea mecanismos de financiación entre gobierno nacional y alcaldías para la construcción de centros de atención ciudadana con Unidad de Atención Inmediata y casas de justicia. Además, también se habló de la intención de construir cárceles “con estándares sencillos”.

Fuente: El Espectador