Todos los actores del conflicto armado cometieron atrocidades, pero las del ejército son las más graves porque estaban encargados de proteger a la población de los violentos y sin embargo, actuaron como sus victimarios.

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Me dieron $100.000 y un arroz chino: soldado confiesa su primer falso positivo Redacción Judicial - Julio 18 de 2022 Los exmiembros del batallón La Popa aceptaron su responsabilidad por el asesinato de 127 personas que hicieron pasar por bajas en combate. En la audiencia intervendrán autoridades indígenas del pueblo kankuamo y wiwa. Los exmiembros del batallón La Popa aceptaron su responsabilidad por el asesinato de 127 personas que hicieron pasar por bajas en combate. En la audiencia intervendrán autoridades indígenas del pueblo kankuamo y wiwa. Una docena de militares reconocen este 18 de julio los asesinatos de inocentes que hicieron pasar por bajas en combate cuando eran integrantes del batallón La Popa, entre 2002 y 2005. En Valledupar, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ante el país, reconocerán que, presionados desde altos manos del Ejército por mostrar resultados, asesinaron a civiles bajo dos modalidades: bien fuera en alianza con paramilitares o eligiendo a sus víctimas entre personas en condiciones de vulnerabilidad. El primer militar en hablar fue Yeris Andrés Gómez Coronel, quien para 2002 era soldado profesional y, cuando estuvo en el batallón La Popa, participó en más de 20 hechos. Estuvo en pelotones como Zarpazo, señalados de buen parte de los falsos positivos del Caribe. Según la JEP, además de asesinar directamente a algunas de las víctimas, participó en operaciones conjuntas con paramilitares para cometer asesinatos, simuló combates y declaró ante las autoridades con falsedades. “Era una persona sin corazón y un monstruo que fue entrenado en el batallón La Popa solo para matar”, dijo. “Yo reconozco que hice parte de un grupo que se convirtió en una organización criminal dentro del Ejército que se encargó de asesinar personas que, en su mayoría no hacían parte del conflicto”, reconoció el soldado Gómez, a la vez que dijo que en el Ejército sí hubo una campaña de persecución de la población civil y, en especial, de los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada. “Siempre seguí órdenes de mis superiores, sin cuestionarlas”, añadió. Posteriormente, pasó a relatar los hechos criminales de los que participó. El primero ocurrió bajo el mando del teniente coronel (r) José Pastor Ruiz, quien no aceptó los cargos. Según relató, tras un combate con el Eln, un guerrillero quedó herido y, en lugar de prestarle los servicios de salud, su superior le ordenó asesinarlo. “Fue el primer hecho que cometí”, confesó. Cuando llegaron a la unidad militar, su superior le dio $100.000 y a sus compañeros les compró un arroz chino. “No nos merecíamos eso, violamos los derechos de las personas”. De allí pasó a relatar un hecho más, cuando era parte del batallón Zarpazo, que según él muestra la relación del coronel Publio Hernán Mejía con los paramilitares. El soldado Gómez contó cómo los llevaron a una reunión con comandantes de las Autodefensas, como Jorge 40. “Allí comenzó el pacto entre La Popa y los paramilitares de Jorge 40″, dijo el soldado. El exintegrente de las Fuerza Pública se dirigió a las víctimas: “Yo sé que no merezco su perdón, porque lo que cometimos en La Popa fueron asesinatos en persona protegida y crímenes de lesa humanidad”. El 27 de febrero de 2004, miembros del al batallón La Popa asesinaron a Carlos Mario Navarro y a otro joven, luego de que paramilitares se los entregaran. Su padre, Franklin Navarro, encaró hoy a sus victimarios y les dijo: “Aún no me siento conforme”. Además, el padre reivindicó el nombre de su hijo: “Carlos Mario no pertenecía a ningún grupo, era un campesino como lo soy yo. Carlos Mario pertenecía al pueblo wiwa. Quisiera recordarles todo lo que era mi hijo. Estaba pensando en prestar servicio militar, porque él pensaba ser alguien en la vida”, les dijo a la docena de militares. Franklin Navarro explicó que su hijo quería conseguir trabajo, pero no tenían cómo pagar la libreta militar que le exigirían. “Él rápidamente pensó: ‘voy a prestar servicio’”, recordó su padre. Mientras Franklin Navarro estaba por fuera del pueblo, paramilitares bajaron a su hijo del transporte en el que se movilizaba, lo secuestraron y lo entregaron a miembros del Ejército, que posteriormente lo asesinaron. Navarro incluso recordó que al día siguiente del homicidio de su hijo, el entonces presidente Álvaro Uribe visitó Valledupar y les exigió resultados a las tropas. La primera víctima en tomar la palabra fue Rocío Escorcia, hermana de John Jader Escorcia junto a cuatro personas más por efectivos de la batería Bombardo del batallón La Popa. La mujer contó cómo a su hermano y las demás víctimas, personas desconocidas les ofrecieron trabajo yendo a recoger café en un municipio vecino. John Jader nunca regresó y su hermana desde entonces no dejó de buscarlo. “¿Quién se iba a imaginar que me iban a matar a un hermano, si no era paraco, no era guerrillero, no era nada?”, dijo la mujer, mirando a los militares. Un paramilitar le dijo que su hermano, supuestamente, se había ido a la guerrilla. Ella se fue a buscarlo, sin conocer a nadie en el territorio que le indicaron. “En ese viaje, me amarraron, me torturaron, abusaron tres hombres de mí. Esto ni siquiera mi familia lo sabe. Por culpa de ustedes”, les dijo a los militares que reconocieron haber asesinado a su hermano. “¿Quién iba a pensar que el Estado tenía criminales guardados en el batallón La Popa?”, reprochó. Escorcia finalmente halló el cuerpo de su hermano en una fosa común en la que, asegura, hay muchos más cuerpos sin identificar que podrían ser de otras víctimas. Finalmente, les dijo a los militares: “Sí les quiero pedir que cuando reconozcan hablen con nombres propios de los demás responsables. Esa sería para mí una manera de sentir satisfacción”. El magistrado Óscar Parra explicó la metodología que seguirá la audiencia. Los comparecientes harán referencia a los dos patrones de macrocriminalidad. Este 18 de julio y parte del 19 de julio se concentrarán en el primer patrón —falsos positivos cometidos en alianza con paramilitares— y el 19 de julio se concentrarán en el segundo patrón —cuando las víctimas de falsos positivos fueron personas perfiladas por su vulnerabilidad—. Además, habrá una franja dedicada al daño que sufrieron los pueblos indígenas kankuamo y wiwa. Parra les recordó a los doce militares las tres dimensiones que ha definido la JEP que deben tener este tipo de intervenciones. Primero una fáctica. “Lo importante es que reconozcan la imputación que les hizo la Sala. Ello implica reconocer el rol desempeñado en la organización criminal”, les dijo. Segundo, una dimensión jurídica, que significa que los militares tienen que reconocer que cometieron crímenes de guerra y lesa humanidad, no amnistiables. Y, en tercer lugar, una restaurativa, que pasa por no justificar lo que hicieron. Pedro Loperena, comisionado de derechos humanos del pueblo wiwa, tomó la palabra y declaró: “Desde el pueblo wiwa, en esta audiencia recalco: este proceso no hubiese sido posible sin un Acuerdo de Paz. No hubiese sido posible si el pueblo wiwa, el pueblo kankuamo, los hermanos campesinos nos levantamos y reclamamos nuestros derechos. Porque los encargados de respetar y hacer valer nuestros derechos hicieron todo lo contrario”. Loperena posteriormente les habló a la cara a los doce militares, sentados al otro lado del escenario y les dijo: “ojalá nos digan la verdad”. Según Loperena, su pueblo cuenta 50 víctimas de falsos positivos y, en todos estos años, ni la Fiscalía, ni la justicia penal militar, ni la Procuraduría habían reportado mayores avances. Posteriormente habló Jaime Luis Arias, del pueblo indígena kankuamo. Líder del cabildo kankuamo, Arias recordó que, “paradójicamente”, para el momento de los asesinatos, su pueblo contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, sin embargo, “no se detuvo la barbarie”, sino que sufrieron todo tipo de victimizaciones: asesinatos, desapariciones, estigmatización. Además, pidió explicar por qué hubo algunas familias particularmente afectadas, como si portar un apellido en específico los volviera automáticamente en objetivos militares. “El involucramiento de kankuamos en la guerra no obedece a una decisión colectiva del pueblo, sino a una circunstancia y/o parte de la guerra misma, con la finalidad de profundizar un genocidio étnico, tanto físico como cultural. Evidencia de ello, son los más de 400 miembros del pueblo asesinados, decenas de ellos presentados falsamente como bajas en combate”, añadió Arias. La JEP estableció que este pueblo indígena solo representa el 1% de la población del Cesar y, sin embargo, representan el 7% de las víctimas de este caso. “Ustedes actuaron en contra de su pueblo, de la madre Sierra, de nuestro pueblo y de otros pueblos”, recalcó. El magistrado Óscar Parra recordó que en julio del año pasado la Sala de Reconocimiento determinó que, entre enero de 2002 y julio 2005, “en el batallón La Popa se estructuró una organización criminal”. A la misma pertenecieron 15 militares. Tres de ellos, los coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, así como el teniente coronel José Pastor Ruiz, no aceptaron los cargos e irán a juicio adversarial ante la Unidad de Investigación y Acusación, que es la fiscalía de la JEP. Los doce militares que sí reconocieron los cargos aceptaron su responsabilidad en los crímenes de homicidio en persona protegida y desaparición forzada. “Los imputados compartían un propósito común y a partir de la división de funciones, tomaron parte en la ejecución de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate que determinó esta Sala”, sostuvo el magistrado Parra. Agregó que, si bien los doce militares presentes ya reconocieron su responsabilidad por escrito, este espacio de reconocimiento tiene una vocación más restaurativa. Luego de un ritual espiritual indígena, a cargo de las autoridades tradicionales, el magistrado Óscar Parra, al frente del caso, identificó a los militares implicados que hablarán en estas audiencias: Alex José Mercado, Carlos Andrés Lora, Eduart Gustavo Álvarez, Efraín Andrade, Elkin Leonardo Burgos, Elkin Rojas, Guillermo Gutiérrez, Heber Hernán Gómez, José de Jesús Rueda, Juan Carlos Soto, Manuel Valentín Padilla y Yeris Andrés Gómez. La JEP había imputado a tres oficiales, pero no aceptaron los cargos. Se trata de los teniente coronel en retiro Publio Hernán Mejía, Juan Carlos Figueroa y José Pastor Ruiz. El magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, instaló la audiencia de reconocimiento en Valledupar explicando cómo en el batallón La Popa operó un “******o organizado de poder” para asesinar a inocentes y hacerlos pasar por bajas. La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que se cometieron 127 asesinatos entre 2002 y 2005, mientras los coroneles en retiro Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa comandaron esta unidad militar. El magistrado Cifuentes advirtió, sin embargo, que lo que digan los militares este 18 y 19 de julio sobre los crímenes cometidos debe pasar un examen de la JEP. “No se propone buscar la verdad solamente para contemplarla. La Sala de Reconocimiento y, más adelante el Tribunal para la Paz deberán evaluar si estos reconocimientos son genuinos, exhaustivos”, aseguró. Y añadió que este tipo de espacios no se trata de una “concientización humanitaria” sobre el conflicto armado colombiano, sino que “es el momento de restaurar a las víctimas” y ese es el sentido de este tipo de audiencias.

Fuente: El Espectador