Por fortuna estamos en un Estado de derecho y no depende de voluntad de la fiscalía la permanencia de la detención de una persona. Debe legalizarse ante un juez de garantías que deberá establecer si la aprehensión se hizo respetando los derechos fundamentales consagrados en Constitución-

Imaginemos que pueda la fiscalía obrar a su arbitrio y detener a quien le parezca. Estaríamos frente a una dictadura en la que prima la voluntad del funcionario sobre los derechos fundamentales de las personas.

Si en realidad tiene las suficientes pruebas para solicitar su detención preventiva, preséntelas ante el juez y podrá conseguir su objetivo.