| Psicopata All Star Denunciante Platino
 |  Respuesta: El soldado que fue asesinado por otros militares
De hecho, un juez de la Justicia Penal Militar que evaluó el caso, decidió remitirlo a la justicia ordinaria argumentando que la línea de fuego argumentada por los militares “no guarda relación” con la evidencia, y que “al parecer, cuando los militares hicieron uso de sus armas de dotación no lo hicieron desde las posiciones señaladas en la reconstrucción de los hechos”.
Desenterrar el cuerpo, pero no la verdad
“El sepulturero comenzó a cavar en una tumba del cementerio de Granada, Meta. A su lado, dos mujeres esperaban la exhumación del cuerpo de un hombre que, tres días antes, había enterrado por solicitud de unos soldados del Ejército. Las mujeres esperaban ansiosas a que el sepulturero terminara su trabajo. De pronto, vieron el cuerpo: ‘Es él’, dijeron al unísono. No era un N.N., tampoco había sido guerrillero y tenía identidad y profesión conocidas”.
Así, en un artículo titulado “Falsos guerrilleros”, quedó registrado en las páginas de EL TIEMPO de hace 13 años el momento en que la madre y la hermana de José Fabio recuperaron su cuerpo.
La ausencia de respuestas de los organismos y la alcaldía las obligó a sacar de su bolsillo el dinero para desenterrarlo de ese pedazo de tierra donde los militares ordenaron dejar su cadáver.  El drama que vivía esta familia ya lo habían pasado cientos más en su municipio y los cercanos. El Meta, con al menos 394 casos entre 2002 y 2008, es el segundo departamento del país que más ejecuciones extrajudiciales registra, de acuerdo con la JEP.
Este tribunal determinó que en ese periodo de seis años, el de mayor victimización, en Colombia fueron asesinados 6.402 inocentes a manos de la Fuerza Pública: casi el triple de las 2.248 víctimas de ejecuciones extrajudiciales reportadas por la Fiscalía en un lapso mucho mayor (24 años).
Después de exhumar el cadáver de José Fabio, su mamá llamó a la funeraria y organizó el sepelio. En plena velación del cuerpo, hombres armados llegaron al sitio para amenazarla: “Que no se le ocurra denunciar porque les matamos a toda la familia”, dijeron. En Granada, los mismos funcionarios estatales le dijeron que no tomara acciones en el municipio, porque podían frenarse irregularmente, sino que fuera hasta Bogotá a denunciar lo que había pasado.
“Yo esperé como unos ocho días, lloré, y arranqué para Bogotá. No podía dejar que el crimen de mi hijo quedara impune”, dice esta madre.
Tocó las puertas del Colectivo Orlando Fals Borda –que ha logrado documentar 41 casos con 63 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales, que involucran a unidades adscritas a la Cuarta División del Ejército en Meta y Guaviare– y empezó el proceso legal para reclamar justicia.
En el fallo de 2013, además de declarar responsable al Ministerio de Defensa y el Ejército, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ordenó indemnizar a la familia Rodríguez Benavidez por los perjuicios causados por el asesinato de José Fabio.
Pero la verdad sigue enmarañada. “Yo sigo esperando que me digan qué fue lo que pasó y por qué mataron a mi hijo. Quiero que contesten todos esos mayores y generales, que digan algo. Necesitamos que se sepa la verdad”, dice esta madre.
En su casa, casi como un monumento, guarda un delfín en madera que su hijo le llevó de Leticia, cuando prestaba su servicio militar. También tiene un radio pequeño de pilas que él atesoraba: decía que al terminar el servicio, quería hacer el curso de suboficial de la Policía, y allá le podía servir.
Sus planes fueron frustrados por hombres que habrían podido ser sus compañeros algún día. Militares que comandaron el capítulo más aberrante y vergonzoso de la Fuerza Pública, y del que se espera que ahora, en la JEP, por fin se conozca la verdad.
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