Dice un viejo dicho: "si mi mamá no hubiera sido mi mamá sino mi tía". Se pueden decir mil cosas para minimizar las responsabilidades. A un delincuente no se le puede exigir más allá de su propia responsabilidad, pero al Estado, que nos representa a todos, que está fundado en la democracia y las garantías fundamentales, que persigue el bien común, se le exige lo máximo, el acatamiento a la ley.

Por ello, en variadas ocasiones, en la legislación penal se agrava la pena si quien la comete es un agente del Estado. Es imperdonable que sin tener en cuenta que había cientos de civiles, se dio la orden de recuperar el palacio a cualquier costo. Pero fueron más allá. Con su ánimo revanchista por las múltiples humillaciones que le había infligido el M-19, torturaron, asesinaron y desaparecieron a quienes creían eran guerrilleros, violando la Constitución y los tratados internacionales.

Grave lo que hizo un grupo de delincuentes, pero mucho más un Estado cuya legitimidad se funda en el respeto a la Constitución y las leyes.