Aunque prometió que "narraría con total transparencia" los hechos ante la JEP y pese a la irrefutable evidencia, el líder de la Farc le salió al paso a este compromiso. Human Rights Watch califica lo sucedido de: "falso, vergonzoso e insostenible".



Ocurrió lo que muchos temían. El día de ayer, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, acudió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a rendir versión libre sobre el reclutamiento de menores que llevó a cabo las Farc durante tantas décadas de conflicto armado y lo negó todo. El líder de la extinta guerrilla, a pesar de que había publicado en su cuenta de Twitter que no vacilaría en "narrar con total transparencia" los hechos por los que acudió al tribunal, declaró que no conoció que esta práctica fuera empleada.


Pero Londoño Echeverri no se quedó ahí y fue más allá en su negación. A pesar de que existen múltiples denuncias y testimonios de excombatientes, afirmó que al interior del grupo armado no se realizaron abortos forzados a las mujeres y que tampoco hubo violaciones. Aclaró, eso sí, que en su condición de comandante podía vigilar todos los frentes guerrilleros mas no interferir directamente en lo que ocurría en cada uno.



Y no es la primera vez que las Farc no cumplen con su compromiso de contar la verdad. Hace dos semanas, también en diligencia ante los magistrados de la JEP, Pastor Lisandro Alape Lascarro, más conocido como Pastor Alape, quien dirigió el Bloque Magdalena Medio, afirmó que el reclutamiento infantil no hacía parte del proceder de la guerrilla.

Tanto Alape Lascarro como Londoño Echeverri asistieron a la justicia transicional en el marco del caso 07, expediente que congrega todos los crímenes relacionados con utilización de niños y niñas, violencia sexual, abortos forzados y anticoncepción.

Esta actitud recalcitrante de los exguerrilleros fue severamente criticada por José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para el continente americano, quien calificó de "falso, vergonzoso e insostenible" el relato que compartieron ante la JEP. Pidió que, de no cumplir con su compromiso de contar la verdad, se les castigue "con severas penas de prisión".


El expresidente Juan Manuel Santos, quien firmó el acuerdo de paz con Londoño Echeverri, también se refirió a lo ocurrido en la jurisdicción de paz en una entrevista que dio a María Jimena Duzán. Fue enfático en que las Farc debían "asumir la responsabilidad por las atrocidades que su gente cometió" y recordó que su negativa a colaborar podría acarrear consecuencias de tipo penal.

"Yo espero que lo hagan, porque es parte del sistema de verdad, justicia y reparación, parte de la JEP. Si no lo hacen, se exponen a que los beneficios jurídicos que están establecidos en la JEP no los cobijen" aseveró.


¿Qué había pasado antes?
En el mes de agosto, sucedió otro hecho que dejó muy herida la credibilidad de los exguerilleros. Una de sus caras más visibles, Griselda Lobo Silva, alias Sandra Ramírez, fue elegida como segunda vicepresidente del Senado. Ciertamente, un acontecimiento sin precedentes en un país que sufrió tantos años de guerra. Lo que debía ser sinónimo de alegría para las Farc y todos aquellos que apoyaron el acuerdo de paz, terminó siendo opacado por las primeras declaraciones de Lobo Silva tras llegar a su nuevo cargo.

Ante los micrófonos de Blu Radio, la congresista negó rotundamente que se hubieran reclutado niños y niñas para engrosar las filas de la guerrilla. Sus palabras fueron las causantes de una ola de indignación general y obligaron a Rodrigo Londoño Echeverri a tratar de apaciguar las tensiones. Sin embargo, todo salió mal. El excomandante, en vez de hacer un acto de contricción y retirar lo dicho por su copartidaria, salió ante los medios a reafirmar la inexistencia del reclutamiento infantil y agravó la percepción pública que se tenía de las Farc.

Las dilaciones
Las versiones libres de los exguerrilleros sobre el reclutamiento forzado de menores tendrían que haber comenzado a finales de 2019 en la JEP. No fue así gracias a los diferentes recursos que presentó el equipo jurídico de las Farc y que terminaron posponiendo las diligencias.

El 24 de octubre de 2019, la JEP llamó a versión a los primeros desmovilizados por ese tema. El 19 de noviembre de 2019, los abogados presentaron varias recusaciones contra el magistrado Iván González. La sala de ese togado negó las recusaciones el 26 de noviembre de 2019 señalando que eran totalmente improcedentes. Sin embargo, el 2 de diciembre de 2019, los defensores de las Farc interpusieron recursos de reposición y apelación contra la decisión que negó las recusaciones.

Por tal motivo, el caso estuvo parado varios meses hasta que finalmente la Sala de Apelaciones de la JEP confirmó la decisión de negar la recusación. Pero el nudo no se desató. En ese momento los defensores de las Farc presentaron 29 recursos de reposición contra el auto que los llamó a versiones libres. Finalmente, en la última semana del mes de julio se negaron dichos recursos de reposición.

Para entonces ya habían transcurrido diez meses desde la fecha inicial que se fijó para la primera comparecencia de uno de los miembros de la antigua guerrilla.