Las implicaciones jurídicas son interesantes. Se reafirma la prevalencia de los tratados internacionales suscritos y aprobados por Colombia sobre la normatividad interna. Por consiguiente, las autoridades administrativas no pueden imponer sanciones a funcionarios elegidos por voto popular como lo consagra el Pacto de San José. No hay impunidad porque son los jueces los encargados de imponer las sanciones penales y de ahí se deben desprender las sanciones administrativas correspondientes.