¿Por qué determinó la Corte Suprema que el senador y expresidente Álvaro Uribe debía quedar detenido mientras la investigación en su contra avanzaba? Las razones se encuentran consignadas en detalle en el documento de 1.554 páginas, en el que el alto tribunal definió su situación la jurídica, y que conoció El Espectador en su integridad. “Puede hacerse la inferencia razonable de que por interpuesta persona y en distintos eventos que se ofrecen recurrentes el senador Uribe Vélez efectuó ofrecimientos o promesas de beneficios económicos y/o jurídicos a varios testigos para que declararan falsamente a su favor”, se lee el documento.

Con ponencia del magistrado César Augusto Reyes, la Sala de Instrucción, por unanimidad, estuvo de acuerdo con lo planteado por el ponente: por las pruebas que había en el expediente, el senador Uribe debía ser privado de su libertad. Los cinco magistrados expresaron en la providencia que las pruebas indiciarias en contra de Uribe Vélez frente a su participación en la manipulación de testigos son tan “abundantes, claras, inequívocas y concluyentes”, que una medida diferente a la detención domiciliaria no podía ser viable en un proceso de esta magnitud.
“En concreto, por vía de los varios testimonios que afirman y así se comprobó que la petición de retractarse, como en el caso de Juan Guillermo Monsalve, o de extender declaraciones a su favor y de su hermano (Santiago Uribe Vélez), que fue lo acaecido en le de Carlos Enrique Vélez, provino directamente del senador Álvaro Urbe Vélez”, se lee en la providencia de la Corte Suprema, cuya extensión nunca se había visto en una decisión de este tipo.

Las pruebas del tema Monsalve

Con respecto a Juan Guillermo Monsalve, quien está condenado a 37 años de prisión y ha declarado tanto contra Uribe como contra su hermano, Santiago Uribe Vélez, la Corte señaló que existen múltiples testimonios que indican “la serie de promesas” que, dice el alto tribunal, les hicieron para que Monsalve cambiara su versión. Está “la declaración del propio testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda, la de su esposa Deyanira Gómez Sarmiento, incluso, la de Carlos Eduardo López Callejas, alias ‘Caliche’ o ‘Llanero’; Enrique Pardo Hasche, alias ‘El gringo’, y Diego Cadena Ramírez”.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema enumera las pruebas que recaudó para confirmar que esos ofrecimientos en favor de Uribe se hicieron. “Ciertamente, con la señalada prueba testimonial, la documental referida a los mensajes de texto y voz de los ingresos por alias ‘Caliche’ o ‘Llanero’, la inspección de los ingresos y visitas a la cárcel, los registros fílmicos de ese establecimiento, las legales grabaciones hechas por Monsalve Pineda y las interceptaciones a las comunicaciones monitoreadas, se probó que, en efecto, los hechos del 20, 21, y 22 de febrero de 2018 existieron”.

Esas fechas son claves por una razón: el 16 de febrero de ese mimos año (o sea, apenas días atrás) fue el día en que la Corte Suprema tomó la determinación de archivar la indagación en contra del senador Iván Cepeda, a quien el expresidente Uribe denunció de haber orquestado un cartel de falsos testigos en su contra, y en cambio ordenó que Uribe fuera investigado, precisamente, por tratar de manipular testigos. La Corte ha dejado claro que los días siguientes a esa decisión fueron aquellos en los que Uribe y personas a su alrededor se habrían movido para tratar de reversar los testimonios que había en su contra.
Según la Corte, Carlos Eduardo López Callejas o ‘Caliche’, un “seguidor y simpatizante uribista”, empezó a llamar a Monsalve en calidad de “emisario” del representante Álvaro Hernán Prada, quien, a su vez, “actuaba en la aducida condición de delegado del senador Uribe Vélez”. A Monsalve, dice el documento, ‘Caliche’ lo buscó para que se retractara, pidiera perdón e inculpara al senador Iván Cepeda “a cambio de variados beneficios”. Lo que le pidieron entonces a Monsalve fue “un video o una declaración en ese sentido”. (El proceso paralelo del hermano de Álvaro Uribe por paramilitarismo en Antioquia)
Al tiempo, dice la Corte, a Monsalve lo buscó Diego Cadena en la cárcel La Picota con la intermediación del también detenido Enrique Pardo Hasche. A él, dice la providencia, llegó Cadena a través de Victoria Eugenia Jaramillo (contra quien la Corte compulsó copias, igual que con ‘Caliche’) y Ricardo Williamson. Pardo Hasche “por lo menos desde el mes de diciembre de 2017, permanentemente, de manera indebida y abusiva, estaba convenciéndolo con el discurso de el senador Uribe Vélez era quien iba a ganar las elecciones y ‘ponía presidente’”.
“En ese empeño inicial, además, con la prueba testimonial de Jaime Lombana Villalba (uno de los abogados de Álvaro Uribe, Maria Mercedes Williamson, Enrique Pardo Hasche, Diego Cadena, Héctor Romero Agudelo (abogado de Juan Guillermo Monsalve), y las legales interceptaciones hechas a las comunicaciones de los abonados telefónicos del investigado Uribe Vélez y de Diego Cadena, se probó que tuvo significativa intervención el abogado (este es Diego Cadena) del mencionado senador”. En esta parte, señala la Corte, el abogado Jaime Lombana también tuvo un rol destacado.
“Efectivamente, el doctor Jaime Lombana Villalba compareció a la penitenciaria (La Picota, donde está detenido Juan Guillermo Monsalve) ese 22 de febrero, a la misma hora (de Diego Cadena), simulando tener una diligencia ajena a este asunto, en la que, a una prudente distancia, estuvo pendiente del desarrollo y resultados de la reunión que adelantaba Cadena Ramírez con el testigo Monsalve Pineda. En esa ocasión, este último acompañado de su abogado Héctor Romero, era presionado por Diego Cadena para que firmara” la carta de retractación que Cadena había llevado a la cárcel lista.
Para la Sala, la presencia de Jaime Lombana en ese espacio se trató de “un velado mensaje” para Monsalve. A él le habrían ofrecido cosas como mejores condiciones de su reclusión, pero, dice el alto tribunal, “lo fundamental era la obtención de la retractación, no la suerte judicial del testigo”. Y agrega: “Se aprecia probado con evidencia que, afanosamente, el senador Uribe Vélez buscó no solo que Monsalve Pineda se desdijera de sus anteriores declaraciones en su contra y de su familia, sino que particularmente debía señalar que las supuestas falsas acusaciones las había realizado” prebendas y ofrecimientos de Iván Cepeda.
Según la Sala de Instrucción, para el senador Uribe era tan importante aportar el nuevo testimonio de Monsalve en el que este se retractara “que para tal efecto no reparó en el despliegue de abordajes y ofrecimientos al testigo por dos vías distintas (su abogado Diego Cadena y el representante Álvaro Hernán Prada) y con distintos emisarios”. El plan era que esa retractación se incluyera en el recurso de reposición que Uribe tenía plazo de presentar hasta el 23 de febrero de 2018. Es decir, con base en la retractación de Monsalve, infiere el alto tribunal, Uribe iba a pedirle a la Corte Suprema que reconsiderara la decisión de investigarlo. (Nueve lecturas para entender el caso contra el senador Álvaro Uribe)
Ese 23 de febrero, el senador Uribe sí presentó el recurso de reposición, pero sin la carta de parte de Juan Guillermo Monsalve. Lo hizo con cartas de Jhon Jaime Cárdenas Suárez, alias Fosforito, de José Fauner Barahona Rodríguez, alias Racumín, y de Carlos Enrique Vélez, a quien, como ha dicho la propia Fiscalía, el abogado Diego Cadena le entregó por lo menos $48 millones. Cadena ha sostenido que se trataba de “ayudas humanitarias”; Uribe, por su parte, ha dicho que él no fue consultado con respecto a esa entrega de dinero. Para la Sala de Instrucción, que la carta de Monsalve no llegara no cambia “la estructuración del ilícito”.
La defensa del senador Uribe ha señalado reiterativamente que este no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo. Lo que la Corte encontró, sin embargo, es que, tras presentar el recurso de reposición, “el senador Uribe Vélez persistió en su determinación por obtener la retractación de Monsalve Pineda”. Cadena fue a visitarlo, por lo menos, tres veces más. Luego, dice la Corte, “se pretendió simular” que si no hubo retractación de Monsalve, fue porque exparamilitares como El Canoso y Don Mario lo amenazaron para impedirlo, versión que se ofrece “como producto de una invención”.

Sobre alias “Víctor” y alias “Diana”

La Corte Suprema de Justicia, tal como lo ha anunciado también la Fiscalía, encontró que el senador Uribe, por medio de Diego Cadena y su socio, Juan José Salazar (a Cadena un juez acaba de ordenarle detención domiciliaria mientras la investigación en su contra por este mismo tema continúa) , ofreció entre $100 y $200 millones a dos exparamilitares para que suscribieran cartas en su favor: Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, y Eurídice Cortés, alias Diana. Vélez, en una carta, y Cortés, en un video, desacreditaron a otro testigo que ha vinculado al senador Uribe con paramiltiares, Pablo Hernán Sierra.
La carta de Carlos Enrique Vélez aseguraba que, tras una reunión en la cárcel con Sierra (excomandante del frente Cacique Pipintá), este le había manifestado que si él declaró contra Uribe Vélez fue porque el senador Iván Cepeda así se lo había pedido, “lo que se comprobó que es absolutamente falso”, dijo la Corte. El video de alias Diana, por su parte, apuntaba a demostrar que Sierra hacía parte de un cartel de falsos testigos. “Así mismo, Vélez y Cortés fueron encargados además de buscar más declarantes, utilizando para ello cualquier mecanismo”, indicó la Sala de Instrucción.
Para la Corte, el contenido de las interceptaciones telefónicas hechas a Diego Cadena y Juan José Salazar, quienes estaban “en constante contacto con los potenciales testigos Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés Velasco, aunada a la prueba directa testimonial de María Helena Vélez, hermana y madre de crianza de alias Víctor, como de su sobrino José Fernando Campo Vélez, permite concluir que en verdad existieron ofrecimientos y entregas de altas sumas de dinero”, indicó la Sala de Instrucción del alto tribunal en el documento.
Todos esos ofrecimientos, agrega la Corte, se dieron porque el senador Uribe “lo permitió y autorizó”. El abogado Juan José Salazar, señala la Sala de Instrucción, “fue dispuesto para atender exclusivamente todas las necesidades de Vélez” y para, también, “mantener un canal de comunicación en doble vía”: no se abordaban solo los requerimientos de Vélez, sino que se hablaba también de “cualquier diligencia judicial o gestión en general de la que tuviera conocimiento y pudiere tener relación con el proceso del senador Álvaro Uribe Vélez”.

En conclusión, señaló la Sala de Instrucción de la Corte, “el examen probatorio deja expuesta con suficiencia (...) la existencia de conductas punibles que pueden y deben atribuirse al senador Uribe Vélez como posible responsable a título de determinador, puesto que se aprecia que actuó con dolo, vale decir, con conocimiento de los hechos, conciencia de la ilicitud y la voluntad o querer su realización”. Pensando en que el expresidente podría entonces obstruir de algún modo la investigación, la Corte determinó que lo mejor para el proceso era que él quedara detenido mientras las pesquisas siguen andando.