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EE. UU. acusó de narcoterrismo a Maduro y ofreció recompensa por datos que lleven a su arresto



El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello de convertir a Venezuela en un narcoestado y ofreció US$15 millones por información que ayude a la captura del mandatario chavista.









El Departamento de Justicia estadounidense acusó este jueves a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello de convertir a Venezuela en un “narcoestado” patrocinador del terrorismo. Tanto Maduro como Cabello y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, fueron señalados de conspirar con las disidencias de las FARC para financiar “la guerra del movimiento guerrillero contra el gobierno colombiano”, según informó El Nuevo Herald.

“Anunciamos cargos criminales contra Nicolás Maduro por llevar adelante, junto a sus principales lugartenientes, una sociedad narcoterrorista con las FARC por los últimos 20 años. El alcance y la magnitud de la droga traficada solo fue posible porque Maduro y las instituciones corruptas de Venezuela proveyeron protección política y militar para los crímenes de narcoterrorismo”, sostuvo Geoffrey Berman, fiscal federal del distrito sur de Nueva York.

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, ofreció una rueda de prensa en la mañana del jueves en la que ofreció más detalles sobre la acusación. En un principio, la prensa estadounidense informó que el gobierno acusaría a Venezuela como un “Estado patrocinador del terrorismo”. Sin embargo, Barr confirmó que solo se presentaron cargos contra altas figuras del círculo del gobierno chavista.



El gobierno estadounidense ofreció una recompensa de US$15 millones por información que permitan la captura y el enjuiciamiento del mandatario chavista y que proporcione detalles sobre sus vínculos con el narcotráfico. Le recomendamos:

“Mientras ocupaban puestos clave en el régimen de Maduro, estos individuos violaron la confianza pública al facilitar los envíos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo el control de los aviones que salen de una base aérea venezolana, así como el control de las rutas de la droga a través de los puertos de Venezuela”, señaló el Departamento de Justicia en un comunicado.

La justicia estadounidense también presentó cargos contra Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, acusado de aceptar sobornos vinculados a la estatal petrolera PDVSA.

Las declaraciones de Barr, bajo la lupa de El Espectador
Estas fueron las frases más destacadas del fiscal general de Estados Unidos durante su intervención este jueves:

Cuando se le preguntó si Estados Unidos planeaba enviar militares para capturar a Maduro, Barr respondió que no estaba en posición para “comentar o especular sobre futuras acciones”.

Barr también señaló que, hasta donde él sabe, el Departamento de Estado no estuvo en contacto con el líder opositor venezolano Juan Guaidó para realizar las acciones de este jueves.

El fiscal también aseguró que Colombia es un aliado importante de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

Por otro lado, dijo que la frontera entre Colombia y Venezuela ha sido tomada por las disidencias de las FARC bajo amparo de Maduro.

Venezuela y su relación con el narcotráfico

Desde la profundización de la crisis venezolana en enero de 2019, el gobierno estadounidense ha apuntado contra la corrupción del círculo de Maduro y su relación con el narcotráfico.

De acuerdo con un informe de 2018 del centro de investigaciones Insight Crime, el narcotráfico se maneja desde el interior del gobierno de Maduro en el llamado "Cartel de los Soles". Este se bautizó así porque responde a las estrellas doradas que los generales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) tienen.

"El término se usó por vez primera en 1993 cuando dos generales de la Guardia Bolivariana, el jefe antinarcóticos Ramón Guillén Dávila y su sucesor Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por narcotráfico. Hoy en día, se emplea ese nombre para describir a todos los funcionarios del gobierno implicados en el tráfico de narcóticos. Y hay muchos, diseminados en todos los organismos del Estado", señalaba un informe de Insight Crime.

Hace tan solo unas semanas, el 28 de febrero, Naciones Unidas publicó un informe en el que alerta el incremento del narcotráfico en el país petrolero apoyado por el gobierno de Maduro.

“Hay indicios de que, en la República Bolivariana de Venezuela, los grupos delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales y han creado una red informal conocida como el Cártel de los Soles para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales»
, señala la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su informe anual de 2019 difundido en Viena.

El que siempre ha sido señalado de manejar los hilos del narcotráfico desde Miraflores es el segundo hombre fuerte del chavismo, Diosdado Cabello, a quien en 2015 The Wall Street Journal señaló de estar siendo investigado por narcotráfico y ser el líder del Cartel de los soles. Otro estudio de la misma fundación Insight Crime, llamado "Venezuela, ¿un Estado mafioso?, en 2017, señalaba que "la frontera colombo-venezolana es actualmente una de las regiones con mayor criminalidad en Latinoamérica".

La prensa estadounidense señala que uno de los ejemplos más evidentes de la relación del Gobierno de Maduro con el narcotráfico es la condena que en 2016 recibieron los sobrinos de Cilia Flores, esposa de Maduro. "El hijo de Flores, Walter Jacob Gavidia, juez del área metropolitana de Caracas, tiene también una investigación en su contra", señala el periódico español ABC.

Ella también resultó vinculada al caso del capitán Yazenky Antonio Lamas Rondón, piloto venezolano extraditado desde Colombia a Estados Unidos para responder por cargos de drogas. "Este fue acusado de participar en más de cien narcovuelos del estado venezolano de Apure al Caribe durante la última década", agrega el diario.

La Justicia de EE. UU. también ha actuado también contra Hugo Carvajal, general que durante gran parte de la era de Chávez fue jefe de la inteligencia militar.

"Finalmente 105 funcionarios desde la época que estamos nosotros en este Ministerio Público, 5 de agosto del año pasado, 65 ya han sido acusados (…) obteniéndose ya la cifra de doce condenados, mientras que 40 funcionarios se encuentran a la espera" del "acto conclusivo correspondiente", dijo el fiscal general del país, Tarek William Saab.



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