En diciembre de 2017 un grupo de reclamantes de tierra de Urabá llegó a Bogotá. En una rueda de prensa que dieron con máscaras denunciaros la persecución de la que estaban siendo víctimas.


Los líderes reclamantes de tierra del Urabá y el Bajo Atrato se quitaron las máscaras con las que el país los vio denunciando la persecución de la que son víctimas. Lo hicieron en la sede de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), en Bogotá, ante los magistrados, a quienes también les entregaron un informe sobre el despojo de tierras, las masacres y las desapariciones que se dieron en sus territorios.

En esas dos regiones hay campesinos a quienes les tocó vender cada hectárea (10.000 metros cuadrados) de tierra a 60 mil pesos. Lo hicieron amenazados por los paramilitares: “vende usted o vende la viuda”, les decían. Tras la entrada de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, el 20 de diciembre de 1996, miles abandonaron sus tierras.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos que trabajan en esas regiones denunciaron alianzas macabras entre los paramilitares, la Fuerza Pública y empresarios. Aseguran que el fin de esa ola de violencia era quedarse con sus parcelas para utilizarlas para ganadería, sembrar banano y palma africana.

Esas denuncias fueron reafirmadas por jefes paramilitares de la región. Raúl Hasbún, quien fue jefe del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia, aseguró que tras la negociación con el Estado entregó una lista de 270 bananeros y 400 ganaderos que apoyaron a ese grupo armado. Pero la justicia no avanzó ni esclareció los casos.

Ahora, las víctimas ven en la Jep una oportunidad para conocer toda la verdad de lo que ocurrió en esas regiones. Por eso el Instituto Popular de Capacitación (Ipc), la Fundación Forjando Futuros, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y Tierra y Vida, organizaciones no gubernamentales que trabajan en esas regiones, construyeron y le entregaron un informe a esa entidad.

Carlos Páez, vicepresidente de Tierra y Vida, hace un balance de la visita a la Jep, dice que quieren demostrar que hubo alianzas entre los paramilitares, la Fuerza Pública y los empresarios. También manifiesta que guardan remota esperanza de que los victimarios del Urabá y el Bajo Atrato tengan voluntad de contar la verdad y construir paz en la región.

¿Cuál es la intención del informe que le presentaron a los magistrados de la JEP?

Poder mostrar el vínculo entre paramilitares, militares y empresarios (ganaderos, palmicultores y bananeros) que son los mismos que están en el Bajo Atrato, en sectores como el Cacarica, Curvaradó, Jiguamiandó y el Consejo Comunitario de la Larga-Tumaradó. Son los mismos que se encuentran en Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá.

¿Y qué esperan que pase luego?

Mostrarle a la JEP que no solamente deben ser juzgados militares y guerrilleros, sino que también hay unos terceros. Se trata de empresarios, algunos de los cuales están en la farándula de la política y otros no. Si vemos en Urabá hay expresidentes con grandes extensiones de tierra, exmagistrados, magistrados en ejercicio, ministros, representantes a la Cámara, senadores. También vemos grandes ganaderos y bananeros que no hacen parte del escenario político, pero que ponen plata para la política tanto en Antioquia, como en Chocó y a nivel nacional y son beneficiarios de todas esas tierras que le fueron despojadas a campesinos y campesinas. Entre el Urabá y el Bajo Atrato hay casi dos millones de hectáreas despojadas que hoy en día, a 7 años de la expedición de la ley de Víctimas y Restitución de Tierras, no ha restituido ni el 2%. Queremos mostrarle a la gente que hay grandes intereses políticos y económicos.

¿Cuáles fuentes de información utilizaron para hacer esas acusaciones?

Primero, los testimonios del campesinado que sufrió todo el flagelo de la guerra desde 1996 y 1997. La segunda fuente son las versiones libres de los paramilitares postulados en Justicia y Paz, específicamente de Raúl Hasbún y Freddy Rendón Herrera, 'El alemán'. Tercera fuente: recogimos todo lo que tiene la Unidad de Restitución de Tierra y mostramos cuáles son los empresarios y las empresas, que son como 32, que aparecen siendo opositoras en todos los procesos de restitución tanto en el Urabá como en el Bajo Atrato.

¿Quiénes serían los responsables del despojo en Urabá?

El 70 % del despojo en Urabá y el Bajo Atrato lo hicieron los grupos paramilitares y la Fuerza Pública. Las Farc y otros grupos son responsables el 30%.

Uno de los puntos es que hubo una alianza muy cercana entre paramilitares y empresarios del Urabá ¿Cómo se dio eso?

Sí, claro. Raúl Hasbún dijo que había pasado un listado a Justicia y Paz de 400 empresarios que financiaron la campaña delictiva de los paramilitares en Urabá. El que menos aportaba, eran 10 millones mensuales. Por el otro lado, se dieron operaciones conjuntas de la Fuerza Pública con los paramilitares.

Desde Justicia y Paz se sabía que hubo alianzas entre paramilitares y empresarios ¿Qué falta por esclarecer?

Falta precisar y que Hasbún, Freddy Rendón Herrera, “El Alemán”, Rito Alejo del Río y el general Martín Orlando Carreño, que se van a acoger a la JEP, digan que estos empresarios sí los financiaron. Hubo una complicidad entre la Brigada 17 y los grupos paramilitares, en aquel entonces llamadas las Convivir.

¿Qué viene ahora?

Vamos a tener audiencias más sectorizadas para especificar y desglosar mucho más el informe. Me imagino que ahora los magistrados van a preguntar cuando pasó lo que dice el informe y quién tiene la información.

¿Cómo los recibieron los magistrados?

Uno dice que comprometidos, esperemos que se haga algo con ese informe.

Hace un año ustedes estaban con unas máscaras blancas ¿Por qué decidieron quitárselas?

La idea es mostrarle y decirle a la JEP que depositamos la confianza en ellos para que se esclarezcan muchas cosas en Urabá y el Bajo Atrato. Al día de hoy se sigue asesinando y victimizando a los líderes, se sigue desplazando la gente. Se trata de decirles que ya no nos vamos a esconder más detrás de las máscaras, sino que vamos a ponerle la cara a ellos como magistrados para que hagan algo por la gente que representamos en esas dos regiones.

¿Por qué confían en ellos?

(Exhala largamente y cuando se repone responde) Eso es, como te diría, empieza un proceso nuevo, un proceso de confianza hacia las instituciones y de las instituciones hacia la sociedad civil. Un proceso de paz en un país se comienza cuando los grupos armados ilegales se desmovilicen y el Gobierno también. Estamos empezando a construir confianza y como muestra de eso nos quitamos las máscaras, para decirles que como campesinos empezamos a confiar en ellos.

La JEP contempla penas alternativas a la cárcel ¿Qué tipo de pena restaurativa pensarían ustedes para los victimarios en Urabá?

No hemos llegado a esa reflexión. Lo que más hemos socializado las organizaciones sociales del Urabá es que se nos cuente la verdad, que se nos diga cuál fue la intencionalidad de ese plan criminal y que le devuelvan a los campesinos sus derechos. Ellos mirarán cómo pagarle al Estado y al pueblo colombiano lo que hicieron.

¿Qué opinan de que los terceros civiles que participaron en el conflicto no tengan que comparecer obligatoriamente ante la JEP?

Ese pulso lo perdimos las víctimas por no tener una participación definitiva en el proceso de paz. El conflicto en Colombia no fue sólo entre las Farc y los militares, en el medio hay una gran brecha que son los terceros intelectuales que pusieron la plata e hicieron el marco de la criminalidad en todo el país. Como víctimas sentimos mucha decepción porque los terceros se van a presentar solo si quieren, si se les da la gana. Nosotros sabemos que no van a querer y no les va a dar la gana porque eso no empezó en el 96. Lo que pasó en Urabá también pasó en el Catatumbo (Norte de Santander), en la Guajira, en los Montes de María (Bolívar), hubo una conexión en todas las regiones donde hay prosperidad.

¿Cómo hacer para que la tranquilidad llegue a Urabá teniendo presencia de las Autodefensas Gaitanistas y el Eln?

Esa es la pregunta del millón. Para ser sincero no sabemos. Creemos que todo esto apunta a que haya un mejor porvenir. Es decir "Urabá es grande y cabemos todos", pero ellos cometieron errores, que digan la verdad, devuelvan lo que tienen y vivamos todos. Pero que la gran tranquilidad llegue lo vemos complejo y más con este presidente. Juan Manuel Santos medio tenía disposición política, con Duque no hay disposición en la restitución de tierras y en que los empresarios acudan a la JEP. Es un gobierno adverso a todo el proceso de paz y a la restitución de tierras.

¿Ustedes creen que quienes les hicieron daño pueden cambiar?

(Suspira y sonríe) Nosotros creemos que... Hombre, yo creo que todo el mundo se merece una segunda oportunidad. Hoy en día los campesinos y campesinas le estamos diciendo a estos grandes empresarios, exparamilitares, militares que somos colombianos y que nos sentemos. Los perjudicados hemos sido las víctimas porque nos asesinaron familiares, nos quitaron las propiedades, dejamos de producir la tierra 20 años, nos causó pobreza, prostitución, drogadicción. Les estamos diciendo que nos sentemos en la mesa, hagamos las pases y entre todos tratemos de recomponer esta sociedad. De pronto ellos también quieran cambiar ese modo de actuar porque sus hijos y sus nietos se están dando cuenta en los medios que no son grandes políticos y empresarios transparentes. De pronto algunos quieren recomponer su mirada familiar. No todo el gremio empresarial es malo, hay algunos empresarios que tienen la plata limpia y que le apuestan a la construcción social y de paz y pienso que esos van a decirle a los otros que se sienten y hablemos. Esa es una leve esperanza que tiene el campesinado, esperamos que eso sea posible. Que ellos acepten o quieran no lo sabemos todavía.