El mandato contra la corrupción que votaron más de 11,6 millones de colombianos está, como dice el refrán, más perdido que embolatado.

Solo una de las propuestas tiene cara de convertirse en realidad. El punto 2, que buscaba dar cárcel a los corruptos y que no puedan volver a contratar con el Estado (va para el último debate) según sus promotores porque la Fiscalía facilitó el trámite.

El último en hundirse fue el que establecía tope salarial a los congresistas y servidores del Estado. Estaba citado para ayer en un intento por revivirlo pero no prosperó por falta de quórum y porque la mayoría de congresistas se declararon impedidos.

Según ellos, no votaron el proyecto porque les generaba conflicto de intereses.

Allí, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, explicó que “en el tema de salarios se generó una discusión jurídica en torno a los impedimentos porque tiene un efecto directo sobre los congresistas. Vamos a convocar a la Mesa Técnica para presentar el proyecto el año entrante”.

La senadora Angélica Lozano dijo, por su parte, que “este proyecto estaba muerto desde hace ocho días. Lo de los impedimentos es el encarte con el féretro porque se murió sin discusión”.

Los promotores de la consulta anticorrupción culpan al Gobierno por no enviar mensaje de urgencia y agilizar el trámite. La ministra Gutiérrez ha dado a entender que las reformas a la política y a la justicia tienen saturada la agenda legislativa y prometió que la próxima semana se declarará la urgencia en algunos casos. Los proyectos que sí están para discusión esta semana son: acto legislativo para establecer la imprescriptibilidad de los delitos contra el Estado y otro que promueve la probidad administrativa