En un país con amnesia crónica, las píldoras para la memoria son importantes.

Uribe ha sido un defensor de la seguridad privada desde su época de gobernador. Cuando llegó a la presidencia (2002), una de sus primeras medidas fue la de implantar una red de informantes (luego las llamó cooperantes), creando la primera en la carretera Cesar - Magdalena - La Guajira, con el fin de denunciar cualquier tipo de anomalía. Por cada 10 informantes habría un articulador que recibiría un sueldo mensual de $500.000 y estarían al servicio del comandante militar de la zona. Igualmente propuso una fuerza paramilitar integrada por lo que Uribe llamó "soldados campesinos".

Las protestas en el país no se hicieron esperar pues era una manera de legalizar a los paramilitares y de paso dar inicio a muchas arbitrariedades como la de que un "ccoperante" bien podría denunciar a un enemigo suyo, a un deudor renuente, a un vecino molesto, en fin, cada quien tendría patente de corso para llevar a cabo una justicia propia.

A propósito, la ministra de defensa de ese entonces era Martha Lucía Ramírez quien defendió arduamente la medida. El defensor del pueblo, Eduardo Cifuentes, advirtió:

Cita:

"El miedo social que genera esta especie de vigilantismo puede llevar a una mayor desintegración social en razón de la desconfianza que produce. Por consiguiente reduce las acciones solidarias y debilita el compromiso con el Estado"

Dieciséis años después vemos las consecuencias nefastas de esta justicia privada auspiciada por el senador Uribe.