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|  Respuesta: ¿Fin de la dosis mínima? Duque facultará a la Policía para decomisar cualquier cantidad d
Idea de Duque vuelve a abrir el debate sobre la dosis mínima Duque anunció que expedirá decreto para que la Policía pueda decomisar cualquier cantidad de droga.
 Se entiende por dosis personal el límite por debajo del cual las personas pueden portar una sustancia psicoactiva sin convertirse en delincuentes por solo portarlas. El presidente Iván Duque reiteró ayer, durante su taller Construyendo País en el municipio de El Socorro, en Santander, que espera dejar firmado esta semana un decreto para que la Policía pueda confiscar cualquier dosis de droga que encuentre en las calles de Colombia.
Siete días antes, desde San Jacinto, Bolívar, el mandatario ya había manifestado públicamente su intención de implementar dicha propuesta, que ya empieza a generar choque de ideas y polémica. En esa ocasión, aseguró: “Reconociendo que los consumidores no son delincuentes, pero con el objetivo de proteger a nuestros niños, vamos a expedir un decreto para que la policía confisque en las calles cualquier dosis”.
El pronunciamiento del Presidente, que claramente busca darle dientes a la Policía en la lucha contra el microtráfico, tiene otra pata: su apoyo al proyecto de ley que radicó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez el 30 de julio ante el Congreso, y con el que se busca la penalización del porte en exceso de la dosis de aprovisionamiento.
Todo esto da una idea de cuál será la actitud de este gobierno frente al tema. “Yo no voy ni a legalizar ni a despenalizar el consumo de drogas”, sostuvo Duque durante su campaña.
Respecto a la declaración del Presidente, Fabio Pulido, director de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de La Sabana, dijo que es importante tener precisión en las palabras del mandatario.
“Duque habló de decomisar las drogas, no de penalizar”, explica. Y pone como ejemplo el consumo de alcohol en las calles: “No está penalizado, pero si lo encuentran bebiendo en espacio público, se le quita el licor”. También explica que no es un paso previo a la penalización de la dosis mínima, “solo es la idea de decomisar y controlar el microtráfico”.
Sin embargo, la propuesta del mandatario reabre el debate de la permisividad del porte de la dosis mínima y de la dotación, que ya se había dado a comienzos de este año y ha estado en la opinión pública desde hace décadas, pero en el cual aún no se ha llegado a una decisión que se mantenga en el tiempo y por fuera de las ideas del gobierno de turno.
Para entender este embrollo histórico es necesario conocer el contexto a corto plazo que tienen las propuestas de Duque y el Fiscal. Estas se remontan al 9 de marzo de 2016, cuando la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia estableció, por medio de una sentencia, que los consumidores de drogas que cargan más de lo permitido por la ley deben ser tratados como enfermos y no como delincuentes, a menos que se demuestre que ello tiene un fin comercial. En la sentencia se indica que no debe operar la sanción judicial, sino las medidas administrativas de carácter pedagógico o terapéutico.
Esta decisión, que se entiende como la “extensión” de la dosis personal, conocida como dosis de aprovisionamiento, suscitó polémica. La Fiscalía se mostró en desacuerdo en su momento, y ahora, con el proyecto de ley que presentó el Fiscal, demuestra que mantiene su postura. Los argumentos que esgrimen son que la medida ha dificultado la detención de los microtraficantes, pues se escudan bajo esta para delinquir, y que ha aumentado el consumo.
A favor y en contra
Una de las voces representativas de esta postura es la del exsenador del Centro Democrático Alfredo Rangel, quien le dijo a EL TIEMPO que está de acuerdo con la propuesta de Duque.
Manda un mensaje contundente de que ninguna dosis vale, de que son sustancias prohibidas y de que el Estado tiene la obligación de velar por la salud de su pueblo
“Manda un mensaje contundente de que ninguna dosis vale, de que son sustancias prohibidas y de que el Estado tiene la obligación de velar por la salud de su pueblo”.
A partir del anuncio, se evidencian dos posturas opuestas. Según el artículo ‘Si prohibir la dosis personal no es la solución, ¿cuáles son las opciones?’, publicado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), por un lado está la que representan el Presidente, el Fiscal y los antes mencionados.
Por otro, la de aquellos que sostienen que la eliminación de la dosis personal sería perjudicial para los usuarios de drogas, violaría sus derechos constitucionales e implicaría un uso inapropiado del derecho penal. Además, según el texto, hay dudas fundadas de que el endurecimiento de las medidas tenga un impacto en el mercado ilegal de drogas.
Julián Quintero, sociólogo e investigador de Échele Cabeza –programa de prevención de consumo de drogas–, dice que “la retención de la dosis puede ser una solución momentánea. Sin embargo, es fácilmente reversible con una demanda constitucional, pues la Constitución ampara la dosis mínima”.
El experto sostiene que desde Échele Cabeza hablan no de legalización del consumo, sino de la regulación de los mercados ilegales de la droga. “Eso quiere decir que el Estado se apropia del negocio y lo regula de manera fuerte, así como lo hace con el cigarrillo y el alcohol y la morfina. El mundo camina hacia ese rumbo”.
Idea con la que coincide Fabián Acosta, director del Observatorio de la Juventud de la Universidad Nacional: “Me parece que están dando tumbos en política de drogas y que es una salida en falso y no ayuda a resolver nada. El narcotráfico es un negocio corporativo, no de pequeños productores. Y lo que buscan con estas propuestas es encubrir su impotencia ante la lucha contra las drogas”, asegura.
Además, expresa su preocupación, pues va a incentivar a las autoridades a que vean a los jóvenes como los enemigos. “Ya lo hacen, y de manera ilegal. Hacen batidas, decomisan; detienen, así no sea legal”.
Óscar Palma, director del Observatorio de Drogas ilícitas y Armas de la Universidad del Rosario, afirma que las medidas punitivas no ayudan a solucionar el problema y pone a Colombia en la tendencia contraria a lo que está pasando en el debate global. “La lucha contra las drogas fracasó. La cosa va más por la prevención, la educación, de tratarlo como un tema de salud pública”.
Precisamente, en el plano internacional, la discusión ha tomado otros visos en los últimos años. Colombia, incluso, ha tenido un papel protagónico en este giro, pues el expresidente Santos fue un líder en el replanteamiento del tema. En su momento, junto con los mandatarios de México y de Guatemala, Santos argumentó ante la ONU que la guerra contra las drogas –que en buena medida ha sido dirigida por Estados Unidos desde el gobierno de Richard Nixon– ha tenido efectos devastadores en sus países.
El documento de la FIP, firmado por tres expertos, dice: “Los argumentos de lado y lado tienen cierta validez, pero no deben ser exagerados. En este caso no existen soluciones simples ni perfectas, sino, más bien, un conjunto de medidas y herramientas promisorias diseñadas a partir de un balance entre los costos y los beneficios de la intervención del Estado”.
Historia de la dosis mínima en ColombiaHace más de dos décadas, si alguien era sorprendido portando marihuana podía ser arrestado hasta por 30 días o hasta por un año si lo hacía por segunda vez. Además, si era diagnosticado como adicto, debía ser internado en un centro psiquiátrico para su rehabilitación.
Sin embargo, esta situación cambió cuando la Corte Constitucional, mediante sentencia C-221 de 1994, con ponencia de Carlos Gaviria Díaz, declaró inexequible la penalización del porte de la dosis mínima y del consumo, con el argumento del libre desarrollo de la personalidad. Desde ese entonces se entiende por dosis personal el límite por debajo del cual las personas pueden portar una sustancia psicoactiva sin convertirse en delincuentes por solo portarlas (20 gramos para el caso de la marihuana y 1 gramo para la cocaína y sus derivados). FUENTE: eltiempo.com
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