Según explicaron, en esta ocasión coinciden con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) porque están “en contra de las decisiones de extradición de nacionales colombianos, cuando con dichas decisiones se han puesto en cuestión los derechos a conocer la verdad y a la reparación de las víctimas”.
En el texto hacen “un decidido llamado a que se respete la autonomía” de la jurisdicción transicional, criticada por algunos sectores políticos y puesta en duda por la Fiscalía colombiana, que se manifestó en contra de la decisión.
La JEP se encargará de determinar si ‘Santrich’ debe ser remitido a la justicia ordinaria colombiana, lo que permitiría proseguir con la extradición, o debe someterse a la justicia transicional.
La decisión de la JEP, “tomada en momentos en los que el proceso de paz atraviesa un período difícil, debe ser acatada por el resto de las instituciones colombianas”, afirmaron las entidades en el comunicado, también suscrito por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines.
‘Santrich’ está detenido desde el pasado 9 de abril acusado por la justicia estadounidense de planear el envío de 10 toneladas de cocaína a ese país a través de México.
Ese mismo día comenzó una huelga de hambre el mismo día de su detención para protestar por el proceso judicial emprendido en su contra, que considera un montaje. Sin embargo, el pasado sábado el exguerrillero suspendió “transitoriamente” su huelga de hambre tras 41 días por las diversas “manifestaciones” que ha escuchado para “que haga un alto en el camino”.