Lánguido final
Por Mauricio Vargas
La corrupción, no la oposición uribista, está haciendo trizas el desarrollo de los acuerdos.
Aunque los altos consejeros presidenciales respondan en tono airado a las críticas, con columnas cargadas de malabarismo de cifras para sostener, entre otras audacias, que el desempleo de casi 12 % no es un problema y que en ese campo todo va de maravilla, lo cierto es que al gobierno del presidente Juan Manuel Santos se le está cayendo lo que le queda de estantería. Y para colmos, su candidato, el exvicepresidente Germán Vargas, no despega en las encuestas.
Apoltronados en sus despachos palaciegos, esos economistas que solo conocen a los pobres en cifras deberían pensar dos veces antes de hacer exhibiciones de cinismo. Qué dirán los 2 y medio millones de desempleados al leer artículos como el de la doctora Carolina Soto, alta consejera presidencial para la Competitividad, en estas páginas...
Claro que uno entiende que, con el lánguido final del Gobierno, en Palacio cunda el desespero. En días recientes, al Presidente le pasó lo único que le faltaba: los dos grandes hijos de los acuerdos de La Habana, los proyectos de desarrollo social y la JEP, terminaron salpicados por el escándalo. Pero no se trata de incumplimientos del Gobierno o de las Farc ni de discusiones sobre la interpretación de los textos habaneros. Es mucho peor: los alcanzó la sombra de la corrupción que ya campeaba en muchos frentes de la contratación oficial, como consecuencia de las concesiones del Presidente a los caciques que le salvaron la reelección en 2014.
Los sabuesos de la Fiscalía descubrieron “una red de intermediarios (...) en adjudicación de proyectos a determinados empresarios y contratistas, a cambio de beneficios económicos indebidos”. En castizo: coimas en la contratación del Fondo Colombia en Paz, que, según anunció hace un año el Gobierno, en 2017 debía manejar la bicoca de $ 750.000 millones. La Fiscalía tiene pruebas de audio y video sobre los enredos en ese fondo, eje de la inversión en programas del posconflicto en agricultura, piscicultura, educación, salud y víctimas. Aterrador. Indignante.
La Jurisdicción Especial (la JEP), que debe manejar decenas de miles de procesos por crímenes de los distintos actores del conflicto, también resultó salpicada, y su contratación está bajo sospecha: si la sal –en este caso, la del posconflicto– se corrompe... A mediados de la semana quedaba confirmada la renuncia del secretario general de la JEP, Néstor Raúl Correa, días después de que la Contraloría le pidió un informe sobre la ejecución de los recursos que la jurisdicción recibió para su primer año de operación. Correa explicó que esos recursos los manejaba el Fondo Colombia en Paz. Sobran más comentarios.
Los embajadores de Noruega, Suiza y Suecia, países que donan millones de dólares para dicho fondo, le enviaron al Presidente una carta en la que advertían sobre estos manejos. Los diplomáticos no suelen mandar misivas así, tan grave es el asunto. Al principio, Santos defendió con vehemencia a sus funcionarios, pero al final de la semana se rindió a la evidencia y anunció indagaciones internas.
De modo que al deterioro del empleo que niega la doctora Soto, al fracaso de la sustitución voluntaria de narcocultivos –que niega otro alto consejero presidencial–, a la postración de la economía, al freno a los proyectos de infraestructura, elementos todos esenciales en el programa santista, hay que sumar la corrupción en la administración de la llamada chequera de la paz.
A este paso, los acuerdos de La Habana no van a quedar hechos trizas por las amenazas de la oposición uribista, sino porque a su ejecución la atraparon las redes de la ‘mermelada’ santista, la misma ‘mermelada’ que Santos tantas veces defendió como la forma correcta de asignar recursos. En los meses finales de su doble mandato, el Presidente está cosechando lo que sembró.
FUENTE: eltiempo.com