No soy yo ni los defensores de los acuerdos de La Habana los que hablamos de pasar primero por la JEP. Fue la propia Corte Constitucional la que, semanas atrás, puso este requisito en su fallo y tanto el gobierno como los desmovilizados deben acatarlo.

Ahora bien, esas aclaraciones que no solo usted exige sino el pueblo colombiano, los dirigentes de las Farc, individualmente deben hacerlas ante la JEP y si los magistrados consideran que se ajustan a la verdad, a cada quien se le confirmarán los beneficios contemplados en los acuerdos o, de lo contrario, se le negarán y podrá sufrir hasta 20 años de prisión.

Respecto a la candidatura presidencial, se suponía que a estas alturas la JEP debería estar funcionando plenamente y la comparecencia de los desmovilizados ya estaría en curso, habiéndose resuelto la situación jurídica del candidato de la Farc. Nadie contaba con la oposición del senador Lara que retrasó el estudio por cinco meses.

Así las cosas, aparte de la posibilidad de ser candidato, contemplada en los acuerdos, queda pendiente su comparecencia ante la JEP, lo mismo que los aspirantes a ocupar las 10 curules en el Congreso, que no podrán posesionarse hasta tanto no solucionen sus problemas jurídicos.

Y en cuanto a las víctimas, las muchas que se han evitado, incluyendo las de las FFAA, debería ser motivo de celebración. La vida debe estar por encima de la muerte.