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 Denunciante Leyenda
 | Acuerdo con las Farc promueve impunidad, dice Human Rights Watch
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La organización Human Rights Watch (HRW) resaltó este jueves los esfuerzos de paz del Gobierno Nacional y el Acuerdo de Paz alcanzado con las Farc, pero criticó lo convenido en relación con la justicia, porque “se arriesga a dejar impunes a criminales de guerra”.
En el apartado de Colombia de su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, la entidad cuestionó que los responsables de crímenes de guerra no vayan a la cárcel, sino que se limiten a cumplir algunas restricciones a su libertad para cumplir servicios comunitarios.
“Valoramos el esfuerzo del presidente Santos, pero no podemos ocultar nuestras objeciones respecto de la debilidad del acuerdo de justicia, que promueve más la impunidad que la justicia o el castigo a aquellos que han cometido graves violaciones”, dijo el director para América de HRW, José Miguel Vivanco.
El hecho de que el tribunal no pueda imponer penas de privación de libertad para los autores de esos crímenes, sino solamente restricciones a la libertad ambulatoria para realizar tareas de servicio a la comunidad “es algo que no tiene precedentes en ningún país del mundo”, subrayó.
En el informe, Human Rights Watch también deja en claro que la población civil sigue siendo víctima del accionar violento del ELN, pese a los diálogos de paz en Quito, y de grupos paramilitares en diferentes regiones del país.
De igual forma, sostiene que una minoría de exmilitantes de las Farc se volvió disidencia de esta organización y decidió seguir delinquiendo, al igual que lo hace el ELN con los secuestros y las minas antipersonales, mencionando el plagio, en mayo del 2017, de un consultor de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
En el capítulo sobre Colombia de su informe global, la organización internacional también denuncia que persisten los ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas, por lo que recuerda que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó el asesinato de 53 líderes de derechos y activistas comunitarios entre enero y octubre de 2017.
Y que en julio del mismo año la Fiscalía General de la Nación manifestó que había obtenido condenas en 5 de más de 80 asesinatos documentados por el ACNUDH desde enero de 2016.
Con respecto al problema de tierras, Human Rights Watch afirma que “los avances en la implementación por el Gobierno de la restitución, conforme a la Ley de Víctimas de 2011, siguen siendo lentos”.
Sin embargo, destaca el seguimiento hecho a la implementación de los Acuerdos de Paz por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, así como el apoyo de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la visita del Papa Francisco al país que tuvo lugar en septiembre de 2017.
“Vamos a seguir muy atentos al desarrollo de las actividades de la JEP en el 2018, cuando realmente se constituya este mecanismo, para poder verificar hasta qué punto se están haciendo esfuerzos serios para imponer justicia por los graves crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia por parte de las Farc, pero también por parte de agentes del Estado”, manifestó Vivanco.
De igual forma, destaca que el año pasado la Fiscalía General envió a juicio a Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por homicidio y concierto para delinquir “por su presunto rol en el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles en la década de 1990”.
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