Ayer, para fortuna de Colombia, el senado aprobó la reglamentación de la JEP, el escenario donde las víctimas deberán ser satisfechas con la verdad, la justicia y la reparación, que al final es lo que importa. Si los comparecientes no proporcionan lo exigido, les esperan 20 años de cárcel.

La sociedad civil estará expectante y la JEP no será una rueda suelta. Ante la Corte Constitucional se puede acudir mediante la tutela y las actuaciones de sus magistrados tienen consecuencias penales si fallan a su acomodo y no de acuerdo con la ley.

La guerra con las Farc se terminó y ahora se juega en el campo de la civilidad. De nosotros depende el éxito o el fracaso de intentar debatir con ideas y no con armas.