Estado y Farc negociaron de igual a igual
¿Por qué el Gobierno hizo tantas concesiones a las Farc? ¿Responderán sus negociadores?
La implementación del Acuerdo Final (AF) es el talón de Aquiles del proceso de paz, porque la conversión en normas jurídicas de sus 310 páginas ha permitido a la opinión valorar y medir las consecuencias de la negociación, lo que ha producido más inquietudes que tranquilidad ciudadana. Gracias al ‘fast track’ y la ley habilitante, el Congreso ha expedido 6 reformas constitucionales, otras tantas leyes y el Presidente ha dictado 35 decretos ley. Súmense las iniciativas que todavía se tramitan por la misma vía.
Se ha creado así nuevo ordenamiento jurídico, político e institucional que tiene carácter superior, pues ya se decidió constitucionalmente que todas las instituciones, autoridades y órganos del Estado tienen la obligación de cumplir el espíritu, los principios, los compromisos y los contenidos del AF durante lo que resta del actual y los próximos tres periodos presidenciales.
La Corte Constitucional no se ha pronunciado aún sobre la validez jurídica de tan extensa normativa, pero las autoridades correspondientes la están aplicando, lo cual incidirá de manera notable en la vida económica y social del país, aunque el Gobierno diga lo contrario.
Tal vez porque confía poco en sus mayorías parlamentarias o porque le preocupan decisiones que pueda tomar la Corte Constitucional, el Gobierno sacó del cubilete una tesis jurídica y política que presenta como argumento definitivo ante las ramas Legislativa y Judicial: el AF no es documento político que compromete al Gobierno, sino acto del Estado que obliga a todas sus instancias y autoridades, que deben refrendarlo jurídicamente, pues, como se dijo, tienen que respetar su espíritu, principios, compromisos y contenidos. El AF es comparable a un tratado internacional y merece, por tanto, igual consideración y régimen. Lo dijo Santos ante el Congreso: “Lo que está en juego ante la comunidad internacional no es compromiso de mi gobierno, sino responsabilidad internacional del Estado, que no está dividido en compartimientos, porque es uno”. Lo repitieron, con otras palabras, De la Calle e ‘Iván Márquez’.
Tamaño exabrupto político y jurídico es contrario al derecho, la jurisprudencia y la doctrina internacionales y nacionales. Nuestra Corte Constitucional ha sido clara al respecto (sentencias 225/95, 379/16 y 171/17). Refiriéndose al AF, determinó que “tiene índole política” y sus desarrollos deben verificarse a través de los instrumentos previstos en la Constitución y bajo estricto cumplimiento de los requisitos en ella ordenados. Contraría, igualmente, la posición que asumió el Gobierno ante la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en relación con San Andrés.
También tramitan un proyecto de reforma constitucional que, en principio, apenas reproduce un postulado que siempre ha estado en nuestro ordenamiento: “Solo el Gobierno puede introducir, fabricar y poseer armas, municiones de guerra y explosivos”. Ahora lo replican refiriéndose de manera concreta al conflicto que hemos padecido durante las últimas décadas. Si el texto propuesto se aprueba, será fácil concluir que el Estado colombiano fue promotor y gestor de ese conflicto, que sus políticas originaron los grupos rebeldes en armas, que es victimario y debe responder por conductas que no fueron hechos individuales de servidores públicos, civiles o uniformados, sino producto de sus políticas. Las consecuencias de la propuesta son, ante todo, históricas y políticas, pero comprometen, sin duda, ante tribunales nacionales y extranjeros, la responsabilidad del Estado, sin que haya necesidad de probar el dolo de quien delinquió, porque la culpa será en todos los casos del Estado.
¿Por qué el Gobierno hizo tantas concesiones a las Farc? ¿Responderán sus negociadores?
JAIME CASTRO
Fuente: eltiempo.com