La peste
Como si se tratara de una peste, uno a uno van cayendo congresistas, altos funcionarios del Ejecutivo, comisionistas y hasta magistrados de las altas cortes, en un destape que, de modo inevitable, genera sensaciones ambivalentes. Por un lado, alienta saber que la Fiscalía General ha ido al fondo, en contra de lo que algunos malquerientes del fiscal Néstor Humberto Martínez imaginaban. Y alienta también saber que no se ha limitado a las pruebas recibidas de Brasil o Estados Unidos en casos como Odebrecht y que ha actuado con rigor investigativo, como lo demuestran los resultados.
Pero el destape de la olla podrida y los olores que de ella emanan pueden deprimir al más optimista. El relato de lo que estos personajes hicieron, las confesiones y delaciones de quienes han aceptado colaborar con la justicia y la evidencia de giros y maletines para pagar coimas en Colombia o vía paraísos fiscales desconciertan por su dimensión, por los montos –decenas de miles de millones de pesos– y por los involucrados. Se trata de ministros, viceministros, presidentes de institutos, congresistas con las más altas votaciones, magistrados de las altas cortes que llegaron, incluso, a presidirlas, el jefe anticorrupción de la Fiscalía y hasta Roberto Prieto, mánager de las dos campañas del presidente Juan Manuel Santos y su amigo personal por años.
El caso del exmagistrado de la Corte Suprema Leonidas Bustos es ilustrativo. Sobre su figura existían dudas desde hace mucho tiempo, pero un amplio sector de la opinión prefirió mirar para otro lado, pues Bustos formó parte de la Sala Penal, que activó una ‘vendetta’ jurídica contra altos funcionarios de los gobiernos de Álvaro Uribe –unos abiertamente culpables; otros, como Diego Palacio, a todas luces inocentes–. En 2008, magistrados de esa sala aparecen en una conversación ilegalmente grabada por el DAS en la que, indignados por los ataques del Gobierno, buscan impulsar el procesamiento de Palacio y otros uribistas “por consenso”, “sin salvamentos de voto” y “por conveniencia política”, según dicen en la cinta.
Como si fuera poco, en un discurso en Cartagena hace dos años exactos, Bustos respaldó de lleno el proceso con las Farc en La Habana y llegó a decir que para lograr el acuerdo, “las formas jurídicas no pueden ser un obstáculo”. Cuando el presidente de la Corte Suprema, que eso era Bustos entonces, le da licencia al Gobierno para pasarse las leyes por la faja, algo anda muy mal.
A Bustos hay que reconocerle la coherencia: no importan las formas jurídicas si se alcanza un fin político. O económico, como lo indican las repulsivas grabaciones que apuntan a involucrarlo en un entramado de sobornos de varios miles de millones de pesos, para que la sala penal de la Corte Suprema fallara a favor de unos congresistas.
Y está el otro debate: ¿qué hacer? Hay propuestas de una nueva constituyente, de leyes y reformas de la Carta, de aumentar penas, de prohibir esto y aquello, en ese afán tan colombiano de creer que unas palabras en un papel –llámese decreto, ley o Constitución– pueden obrar el milagro de prevenir el comportamiento de un corrupto. Ojalá fuera así de sencillo.
Si un alto magistrado de la nación es capaz de venderse por unos cuantos millones, qué importa si lo eligen por cooptación, si lo designa el Congreso o si lo nombra el mismísimo Papa. Mucho más útil sería que los presidentes de la República dejaran de comprar a los congresistas –y a los magistrados– con puestos y contratos, como llevan años haciendo. Eso solo, como una decisión ejercida en la práctica y sin necesidad de legislación, sería mucho más útil. El año entrante, yo votaría por el candidato presidencial que se comprometiera a eso. El problema es que cumpla.
MAURICIO VARGAS
Fuente: eltiempo.com