En un país democrático existe la separación de los poderes y aunque trabajan armónicamente de acuerdo con la Constitución y las leyes, sus decisiones deben ser acatadas y respetadas por los otros poderes, por los colombianos en su conjunto y por los extranjeros.

Las decisiones judiciales, por su parte, tienen vías legales para controvertirlas como los recursos, por ejemplo. Luego de surtirse, si es el caso, la decisión definitiva debe ser respetada por propios y extraños.

Resulta insólito y por demás irrespetuoso, que un embajador, así represente a un país poderoso, controvierta por medio de cartas una decisión judicial. A su disposición tiene las vías jurídicas para defender su posición y no el escándalo de los medios.

Razón tiene el presidente de la República, como jefe de Estado, de llamar al orden a los dignatarios extranjeros para que acaten las decisiones de los jueces colombianos, en este caso de la Corte Suprema de Justicia, la máxima autoridad de la justicia ordinaria.

Los tiempos virreinales en los que EEUU mandaban y su patio trasero latinoamericano obedecía, ya pasaron. Aún se chantajea y se presiona, pero ya no es tan fácil. Los latinoamericanos se volvieron respondones.