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Las autoridades metropolitanas tienen la tarea de ubicar estos lugares en busca de menores de edad sometidos a la prostitución.
El fenómeno de las grandes fiestas sexuales que se anuncian a través de las redes sociales en Cali (capital del Valle del Cauca) e invitan a tener bacanales en donde estarían involucrados adolescentes, está destapando una realidad que tiene connotaciones más profundas que pasan por la legalidad del oficio, el uso del suelo y la corrupción de menores.
El País de Cali hace un recuento de cómo se ha desarrollado el problema en la capital vallecaucana en los últimos años y que inicia con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que ni siquiera contempla la posibilidad de que existan prostíbulos en la ciudad.
Eso ha sumido en la clandestinidad y la ilegalidad a estos lugares. Según el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, Samir Jalil Paz, consultado por el mismo medio, “los prostíbulos que no cumplen la ley prefieren camuflar su identidad haciéndose pasar por peluquerías, discotecas, salas de masajes terapéuticos, salas de chat, billares, clubes y en general cualquier cosa que les permita mantener un sitio abierto en horarios extendidos”.
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Las casas de citas que funcionan en zonas residenciales o clubes de masturbación o para practicas sadomasoquistas, son las más difíciles de identificar. Se llega a esos lugares mediante el ‘voz a voz’.
Incluso, algunos prostíbulos en Cali se esconden tras la fachada de tiendas de ropa para bebé hasta donde han llegado funcionarios de la Alcaldía buscando posibles irregularidades.
De hecho, en el más reciente operativo adelantado por la Secretaría de Inspección y Vigilancia encontró a dos menores de edad (una de 14 y otra de 16 años edad) utilizadas como prostitutas y fueron remitidas al Icbf, destacó el Diario Occidente.
El comercio sexual se ha extendido a internet y desde ahí se emplean mujeres de todas las edades y profesiones. Sin embargo, dice Confidencial Colombia, que consultó al Sindicato Nacional de Mujeres Trabajadoras Sexuales, “el 99 por ciento no están afiliadas a un régimen de pensiones y el 100 por ciento carece de cobertura para riesgos laborales”.