Lo primero. Esta tesis del delito político viene de mucho tiempo atrás y no se la inventaron los jueces colombianos. Merced a ella fue que se hicieron los procesos de paz con el M-19. el EPL y el Quintín Lame. Allí se estableció con claridad el delito político y la conexidad con los delitos comunes siempre que éstos últimos hubieran sido cometidos para llevar a cabo la rebelión contra el Estado.

Respecto a la JEP, no se puede comentar nada porque aún no ha entrado a funcionar y no sabemos qué tesis jurídica va a acoger y cuáles serán los alcances de la conexidad de los delitos comunes con el de rebelión. Si, por ejemplo, los falsos positivos se entenderán como la respuesta militar al conflicto armado. O si los desaparecidos del Palacio de Justicia se entienden como parte de la guerra.

Lo cierto es que, tanto la Corte Penal Internacional como la Corte Suprema de Justicia avalan el tratamiento político que debe darse a la guerrilla, haciendo la salvedad de que los crímenes que violan el DIH no son indultables ni amnistiables.