Me remito no solo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sino a la de la Corte Penal Internacional, y a la que existe en la mayoría de países del mundo: una cosa es el delito político y otra el delito común. De ahí que, la CSJ ha sido muy clara en señalar que el Estado no puede pactar ningún proceso de paz con los paramilitares por tratarse de delincuencia común. Su único camino es someterse a la justicia sin condiciones.

Diferente es el caso de la guerrilla. Tanto la CSJ como el Consejo de Estado y la propia Corte Constitucional lo han reiterado en múltiples fallos. Rebelarse en armas contra el Estado es un delito político y los delitos comunes que le sirvan para llevar a cabo su meta, son conexos.

No puede compararse, por tanto, la asistencia de paramilitares al Congreso (delincuencia común) con la de la guerrilla (delincuencia política), que, además, esta en medio de un proceso de paz. Y salvo los delitos que violen los Convenios de Ginebra, los cometidos por los insurgentes son amnistiables.