Denunciante Novato
 |  En Medellín la cosa es bien jodida para las personas LGBT
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 | OPINIÓN// No es gratuito que cerca de 60 personas hayan sido desplazadas de sus barrios en los últimos cinco años por tener una sexualidad disidente.
por : JULIO C. LONDOÑO Á.
El 19 de diciembre de 2016, el portal Minuto 30 reportó el suicidio de un menor de 18 años en Medellín quien, según el medio, tomó la decisión tras sentirse discriminado por su orientación sexual. Sin más fuentes que la propia aseveración del periodista, la noticia no permitía establecer si el acto de discriminación había venido de su círculo familiar, la escuela o el barrio.
Con más información uno quizá podría evaluar qué tan efectivo está siendo el fallo de la Corte frente al caso de Sergio Urrego y la intervención que debe hacerse en los colegios frente al matoneo contra personas LGBT. O quizá podría darnos pistas para comenzar hablar de ese tema urgente que es la discriminación al interior de la familia; o, por lo menos, comprender alguna problemática territorial en Moravia, el barrio donde vivía el chico que se suicidó.
A estos vacíos en la información hay que sumarle que, en la mayoría de casos, estos actos de violencia y discriminación contra las personas LGBT son cubiertos en su mayoría por la prensa roja. Por lo general, bajo un lente de prejuicio y desconocimiento de las realidades de esta población: es evidente cuando, en vez de reconocer la identidad de las personas transgénero, se convierte su nombre en un "alias", dando a entender que esa tal "comunidad LGBT" es casi una banda de delincuentes llena de "miembros" o "integrantes". Ya no son enfermos, sino criminales merecedores de castigo.
El coctel es aún más fatal si se junta con una sociedad atravesada profundamente por el conflicto, en la que los grupos armados posdesmovilización aún ostentan el poder territorial, económico e, incluso, moral sobre las comunas de Medellín. Y sumémosle el hecho innegable de que la religión aún es un factor determinante de cómo miramos la sexualidad y las libertades individuales. Todo esto favorece unas condiciones que posibilitan las violencias en contra de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género que no obedecen a la norma social.
No es gratuito que en Medellín cerca de 60 personas hayan sido desplazadas de sus barrios en los últimos cinco años por tener una sexualidad disidente. O que una de cada siete personas se sienta discriminada por la misma razón, según datos de la Personería de Medellín. O que esta ciudad sea la capital del departamento con el mayor número de asesinatos de personas LGBT en la última década. Según Colombia Diversa, cerca de 250 personas fueron asesinadas en ese periodo. Es decir, una persona muere cada 15 días por su libre ejercicio de la sexualidad en Antioquia.
Tampoco es gratuito que Medellín sea el escenario de la Mesa Diversa de la Comuna 8, la primera organización a la que se le reconoce como sujeto de reparación colectiva en el país. El reconocimiento llegó después de la persecución que sufrieron sus integrantes en razón de su orientación sexual e identidad de género por parte de los grupos armados que se disputan los territorios de la ciudad.
Estos datos demuestran que en Medellín aún persisten los prejuicios, así como las posiciones ideológicas y morales que sistemáticamente producen y reproducen las violencias contra los sectores LGBT.
Más ejemplos: tan sólo haciendo una revisión rápida de prensa local de 2016, se puede encontrar uno con la noticia de Dayan, una mujer transgénero que fue asesinada el 2 de septiembre en la autopista Medellín-Bogotá. Con ella, según el Polo de Rosa Antioquia, se completaban cuatro asesinatos de mujeres trans en menos de una semana en el área metropolitana. Sin embargo, los medios de comunicación no registraron los otros tres casos. Quince días después de la muerte de Dayan, los medios reportaron el asesinato de Kelly Johana Oquendo Villada, quien fue quemada en su apartamento en el barrio La Mina de Envigado. Cinco casos de transfobia en un mes.
Y más: los casos de hombres gay que fueron asesinados en diciembre de forma particularmente similar: Alejandro Hernández Londoño fue encontrado envuelto en sábanas en su residencia el 12 de diciembre junto a un cartel que decía: "por marica". El 23 de diciembre se registró también el asesinato de Carlos Alberto Hernández Mesa, encontrado con heridas de arma blanca en la cocina de su apartamento.
Todos estos casos, que bien le vienen a la prensa, se suman a las violencias más cotidianas y silenciosas: discriminaciones por muestras de afecto en espacios de esparcimiento, la expulsión de mujeres transgénero trabajadoras sexuales de sus zonas de trabajo y los constantes casos de violencia policial contra la población LGBT de Medellín.
Los registros de prensa fueron pocos, pero eso no quiere decir que no existieran otros casos, o que el número de casos hubiera disminuido. Una cosa es lo que visibilizan los medios en función de su hambre de clics, otra muy distinta lo que se habla entre los líderes y lideresas del movimiento LGBT de Medellín.
Todo toma un tinte más crítico si se tiene en cuenta que en Medellín —a pesar del esfuerzo de algunas organizaciones como el Instituto Popular de Capacitación (IPC), el desaparecido El Solar, e incluso de instituciones como la Personería—, no tenemos datos claros sobre qué tipos de violencias, ni en qué proporción, son las que enfrentan los sectores LGBT de la ciudad. La sistematización y la visibilización de estos hechos de violencia es un asunto fragmentado en la ciudad. A esto se le suma que los análisis sobre la situación de Derechos Humanos de estos sectores, por lo general, ha venido por parte de organizaciones externas a la ciudad, que si bien contribuyen, no tienen la cercanía suficiente ni una incidencia política fuerte frente a los problemas contemporáneos de Medellín.
Tras sentir ese vacío, cuatro organizaciones de la ciudad decidimos unirnos para intentar cumplir una labor y saldar lo que ha sido una deuda histórica de la ciudad: el Observatorio Ciudadano LGBT de Medellín, una iniciativa de cuatro organizaciones de la ciudad comprometidas con la situación de Derechos Humanos de esta población: el Colectivo Académico (In)Visibles –C.A.I.N.–, Antioquia Trans, LesTorbamos y Panteras Rosa, esta última de la cual hago parte.
Un espacio, ante todo ciudadano, que quiere crear una red en Medellín en la que se informe, denuncien y visibilicen casos de violación a los derechos humanos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas.
Tres objetivos básicos pero necesarios: documentar y sistematizar estas violencias para saber su naturaleza, hacer seguimiento de la efectividad de las respuestas de las instituciones locales frente a estos hechos y visibilizar los casos a través de distintos medios. Todo, claramente, desde una perspectiva que permita entender las distintas aristas de estas violencias: lo étnico-racial, el género, la sexualidad, la clase, la situación de calle, la discapacidad, su relación con la movilización política y el conflicto armado, las economías criminales de la ciudad y las distintas redes de apoyo de las personas: la escuela, el trabajo, la familia, entre otras.
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