Mientras en Colombia se siguen dando debates nacionales sobre la ideología de género, el matrimonio de parejas del mismo sexo y la adopción homoparental, las personas LGBT siguen siendo asesinadas y amenazadas por el simple hecho de tener una orientación sexual o una identidad de género que es percibida como distinta a la mayoritaria. Un informe de varias organizaciones especializadas reitera, con frustración, que pese a los esfuerzos de varias instituciones del Estado, estamos muy lejos de entender y erradicar la violencia homofóbica y transfóbica.
Las cifras, por sí solas, son estremecedoras. En Cuerpos excluidos, rostros de impunidad, informe elaborado por Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santa María Fundación, se reportan 110 personas personas LGBT asesinadas en el 2015. Desde el 2012 no teníamos tantos homicidios dentro de esta población. Más diciente aún es que por lo menos para el 39% de esos casos existen pruebas suficientes de que el motivo de la violencia fue la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas. Es decir, las mataron por ser quienes eran. Además, muy probablemente esa cifra es superior, pero en el resto de los casos, por la falta de verdad y de investigación, no se puede afirmar con certeza qué fue lo ocurrido. Y aún hoy hay quienes se atreven a decir que en Colombia no hay discriminación.
Como le explicó a El Espectador Matilda González, abogada de Colombia Diversa, “a las personas LGBT las matan por el hecho de ser LGBT. Tenemos que reiterar que aún vivimos en un país donde el prejuicio mata”. Pese a que en el país ya se sabe esto desde hace varios años, el Gobierno sigue sin expedir su política pública para esta población, y en la Fiscalía, aunque hay avances, todavía abundan los fiscales que se toman el tema a la ligera, lo que explicaría, junto con el sinnúmero de casos que pasan por el sistema de justicia, que el 95% de los homicidios a personas LGBT entre 2012 y 2015 estén impunes.
Otro hecho preocupante es que el estado de vulnerabilidad aumenta en aquellas personas que están más marginadas socioeconómicamente. Los datos del informe respaldan esta idea. Por ejemplo, la población trans, habitualmente invisibilizada e incomprendida, y que este año estuvo en el centro del debate sobre la utilización de los baños, es la que peores condiciones sufre. 32 mujeres trans murieron el año pasado, y el 57% de los casos de violencia policial fueron en contra de mujeres trans. Según González, “como no tienen un espacio que las represente, siempre terminan excluidas y obligadas a trabajar en economías altamente criminalizadas, donde comparten espacio físico con mafias de drogas, por ejemplo, o se dedican al trabajo sexual. Por eso es que son mucho más vulnerables. Siempre tienen más riesgo”.
Le seguimos fallando, entonces, a la promesa constitucional de que en Colombia cabe la diversidad. Pese a los avances legales, y a un Gobierno que se ha mostrado amigo de la protección de los derechos LGBT, seguimos perdiendo cada año personas en crímenes de odio que no deberían existir.
La respuesta conservadora a escándalos recientes sobre la supuesta ideología de género, donde va implícito el mensaje de que hay algo malo con las personas LGBT y que por ende representan un peligro para la sociedad y sus instituciones tradicionales, también es una señal de que falta mucho para que se comprenda, respete y proteja la diferencia. Las cifras del informe son una denuncia ineludible, y un llamado a que dejemos la violencia y aprendamos, como país, a encontrarnos a pesar del miedo que produce aquello que no entendemos. De lo contrario, seguiremos lamentando, año tras año, el dolor que produce el prejuicio.
Editorial de El Espectador, octubre 2016