Este martes se sabrá si los promotores de aquella consulta son condenados por haber violado los topes de financiación. ¿Condena o absolución?




Así como hoy la palabra plebiscito pasa de boca en boca, hace siete años las palabras de moda eran referendo reeleccionista. En aquel momento un grupo de ciudadanos adelantaron una campaña de recolección de firmas para modificar la Constitución, por la vía de las urnas, y permitirle al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez poder reelegirse para un tercer período de gobierno.

Como en la actualidad, el país se encontraba polarizado entre quienes apoyaban la segunda reelección y quienes se oponían. Se recogieron más de dos millones de firmas. El Congreso, en horas de la madrugada, aprobó la convocatoria al referendo. Pero la Corte Constitucional, en la histórica sentencia del 26 de febrero del 2010, tumbó la segunda reelección. Entre otras razones tras comprobar que hubo irregularidades en la financiación de la campaña y que se gastó hasta seis veces más plata de lo permitido.

El excongresista Luis Guillermo Giraldo y el ciudadano Carlos Alberto Jaramillo, como representantes de la asociación Primero Colombia, las cabezas visibles de esa campaña, terminaron imputados por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público.

Sin embargo, y a pesar de que han pasado siete años desde los acontecimientos, la justicia no ha dictado sentencia. Por el contrario, ya prescribieron las consecuencias del delito de fraude procesal.

Germán Navas Talero, representante a la Cámara del Polo Democrático, denunció la llamada ‘yidispolítica’, o el escándalo de la compra de votos en el Congreso para favorecer la primera reelección. También investigó y presentó la denuncia contra Giraldo y Jaramillo, los promotores de la segunda reelección.


En diálogo con Semana.com dice que el proceso judicial comenzó con buen ritmo, pero señala al fiscal general de entonces, Mario Iguarán, de haber dilatado el proceso.

“El caso inició con un ritmo esperanzador, pero la orden emitida por Mario Iguarán -fiscal del momento- de cambiar a quien en ese momento estaba a cargo del caso condujo a que ese expediente se engavetara por varios años, lo que produjo la prescripción por el delito de fraude procesal”. Navas señala que se pudo demostrar cómo habían excedido los gastos, los topes de campaña, y cómo trataron de engañar a la Registraduría y el Consejo Electoral.

“Cuando formulé la denuncia le correspondió el caso a una fiscal que en tres meses tenía listas las imputaciones. Por orden de Iguarán le quitaron el caso. Pasó a manos de un fiscal delegado ante la Corte que entre marzo y diciembre del 2010 no movió el caso. Luego se lo entregan a otro fiscal. Es un proceso que ha venido muriendo de tumbo en tumbo”, dice Navas con cierta frustración.


El año pasado el caso se volvió a mover cuando Navas y el hoy viceministro del Interior, Guillermo Rivera, así como el excongresista Carlos Piedrahita dieron nuevas declaraciones.

Este martes, a las 8:00 de la mañana, en el juzgado 31 de Bogotá, los promotores del referendo reeleccionista están citados para una audiencia definitiva. Ya prescribió el delito de fraude procesal, ahora buscan librarse del de falsedad en documento público y quedar absueltos.

“Al parecer, la defensa de Giraldo buscará que el delito por el cual aún está siendo procesado el excongresista también prescriba, lo que dejaría un sinsabor en quienes han clamado justicia frente a las diversas anomalías que se presentaron tanto en la primera reelección de Uribe como en el intento de la segunda”, aseguró Navas.