¿Hacia un país mejor?
María Isabel Rueda
La pregunta es para dónde nos vamos. ¿Realmente hacia un país mejor?
Confieso que a mí, durante estos cuatro años, me acompañó una gran desconfianza. Es la hora en la que no logro diferenciar, en este proceso, dónde termina la vanidad del presidente Santos y dónde comienza su altruismo. Es impensable que él no desee lo mejor para su país.
Pero su vanidad le descosió el saco en varias oportunidades, cuando el Presidente quiso explotar a destiempo el proceso como espectáculo internacional.
¿Este acuerdo realmente es, como dice De la Calle, quien sin duda trabajó de muy buena fe con su equipo, el mejor acuerdo posible?
Pues a mí me queda la duda de si concedimos más de lo que debimos para correr con este acuerdo imperfecto. De pronto nos faltó mano en el pulso de evitar que los autores de delitos atroces se vayan para su casa. Y en que den un salto olímpico hacia la arena política. Y en la aparición en Colombia de un delito inédito e insólito que ha parido este proceso: el del narcotráfico honorable, con el patrocinio de los EE. UU. Y en institucionalizar la política futura a través de los movimientos sociales a costa de los partidos. Pero así nos fuimos.
La pregunta es para dónde nos vamos. ¿Realmente hacia un país mejor?
En teoría, no puede haber algo peor que un país en guerra. Falta por averiguar si el acuerdo que se ha negociado en La Habana con miras a conseguir la paz tiene realmente la vocación de lograrla.
Albergo mis dudas. Aunque el ‘Sí’ gane el plebiscito, se impondrá en un país profundamente dividido por la rabia o, en el mejor de los casos, por las dudas. No veo, por ejemplo, clara la sinceridad del Gobierno en el compromiso de priorizar al campesino. Se lo impiden las dificultades presupuestales, la inexistencia de un catastro rural y el 48 % de informalidad en la tierra de los pequeños campesinos. Congelar cerca de 10 millones de hectáreas productivas en un banco de tierras podría afectar profundamente el desarrollo agroindustrial del país.
Hay un gran trecho entre anunciar la paz y conseguirla. Más aún cuando en el proceso de concebirla el Gobierno renunció a la vigencia y obligatoriedad del Derecho, del que no están exentos los gobernantes. Santos derogó el imperio de la Constitución, construida durante 200 años de trabajo colombiano. Este proceso, lastimosamente, ha demostrado que todo aquello que el poder quiera, el poder lo puede conseguir. Ya uno no pregunta en Colombia si tal y cual cosa se puede hacer según el ordenamiento jurídico, porque la única respuesta es: si el Presidente lo quiere. En ese camino hemos fingido que la Constitución dice lo que no dice, o que se puede cambiar a las patadas cuando es contraria a lo que se busca. Incluso que se puede hasta suplantarla, con una jurisdicción especial que será más poderosa que la justicia ordinaria, con la complicidad del Poder Legislativo y del Judicial, encarnado por la Corte Constitucional. Hoy fue con la disculpa de pactar la paz. Mañana será para lo que se le ocurra al futuro gobernante. El dique de la institucionalidad rompió sus amarras en Colombia. Y quién sabe a qué costo en un futuro.
El plebiscito legitimará, además, la suma de todos los poderes habilitantes en cabeza del presidente Santos durante seis meses, período durante el cual el Congreso cumplirá, en ‘fast track’, el papel fantasmagórico de no deliberar y aprobar en bloque las reformas que Santos quiera.
Entre otras, aprobará las Circunscripciones Políticas Especiales, en las cuales los partidos tradicionales tendrán territorio vedado para hacer política, reservadas únicamente para las Farc y para que su nuevo o nuevos movimientos sociales perpetúen, ahora, bajo un nombre distinto, el sometimiento de una población que antes se hacía con las armas.
El acuerdo definitivo de La Habana nos informa que las Farc recibirán un estipendio económico, cuyos distintos factores suman 24’800.000 pesos por cabeza en el curso de dos años. Que arrancarán a hacer política con 10 curules gratis en el Congreso, las cuales se podrán convertir fácilmente en 26 si se suman las 16 Circunscripciones Políticas Especiales, más aquellas curules que las Farc se ganen ‘porfueriando’ de las gabelas que les concede el acuerdo.
Y, finalmente, el Presidente irá a buen retiro con su Nobel de paz bajo el brazo, con una consigna entre labios: ahí les dejo el país.