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Luisypher · 05-08-2016 , 16:25:58

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Iniciado por RAP

Lo primero que deberían preguntarse es de dónde van a salir las tierras para crear el tal Fondo Nacional de Tierras.

Puesto que en Colombia no hay Bienes Vacantes (por lo menos, no en zonas económicamente explotables) esas tierras tienen que salir de alguna parte.

Lo lógico sería pensar que se les quitará algp por lo menos a los miles y miles de hectáreas que las farc tiene bajo su dominio, pero eso no pasará. Serán las personas que tengan su tierra produciendo y generando empleo las que verán expropiadas sus tierras para volverlas improductivas. Recuerden a Venezuela para no citar ejemplos más lejanos como la URSS, Alemania Oriental, Cuba o Corea del Norte.

Salen también otras preguntas que nadie hace por el encantamiento de la "paz":

- Cuales serán las tierras elegibles para el Fondo?

- Quien decidirá cuáles son?

- Qué procedimiento se aplicará?

- Se indemnizará a los propietarios o se los despojará?

- Qué ocurre si el propietario se niega a que sus tierras vayan a ese fondo?

- Serpa desalojado a la fuerza?

- Quién lo hará? las farc o la fuerza pública?

- Cómo se distribuirán esas tierras?

- Hay un censo de las personas elegibles para darle esa tierra?

- Quien lo determina? las farc o el gobierno?

- Ya sabemos que la actividad económica de esas tierras es voluntaria y que la siembra de cultivos ilícitos también lo es, ¿hay alguna restricción para no dedicar esas tierras a ese tipo de cultivos?

- Si se lo hace, ¿se puede reversar esa adjudicación? Hay alguna sanción por hacerlo?

Y hay muchas más, solo del primer punto...

Áunque no me hago muchas ilusiones, espero así sea un par de respuestas por los que supuestamente han leído los acuerdos.

Ya existe un decreto que le dá vía a tal fondo.

Es el decreto 1465 del 10 de Julio del 2013 el cual establece reglas sobre tierras baldías y sus orígenes.

FUENTE: EL TIEMPO

... que los predios adquiridos antes de la entrada en vigencia de la Ley 160 de 1994 no tendrán que acogerse a las limitaciones que establece dicha norma, pero los negocios realizados posteriormente a ese año sí deberán limitarse a no superar una unidad agrícola familiar (UAF) cuando se vayan a destinar a proyectos productivos a gran escala.

La UAF es una extensión de tierra que varía de acuerdo con la región, pues no puede ser la misma en áreas semiurbanas que en zonas rurales alejadas.

Parte de la filosofía de este decreto es determinar procedimientos para, entre otras cosas, realizar la “clarificación de la propiedad” en tierras rurales, lo cual no se hace en el país hace 19 años.

El inciso 4 del artículo 40 precisa que una “clarificación de la propiedad” será procedente cuando se cumpla, entre otros requisitos, “que el presunto propietario acreditó el derecho de propiedad privada, porque exhibió una cadena de títulos debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia de la Ley 160 de 1994, en los que constan tradiciones de dominio”.

Esto quiere decir que el Gobierno reconoce el derecho de propiedad de quienes compraron tierras de origen baldío antes de 1994, lo que va en contravía de un concepto del Consejo de Estado –emitido en diciembre y que no es vinculante– que decía que los negocios anteriores a ese año debían acogerse a los límites que actualmente establece la ley.

Para puntualizar la seguridad jurídica, en otro artículo del decreto (también publicado en la página de la Presidencia) se aclara que todo negocio posterior a 1994 debe estar supeditado a los condicionamientos de la ley 160 de ese año, por lo que la adquisición de más de una UAF en una misma zona para proyectos agrícolas a gran escala será considerada como acumulación indebida.

En el literal b del artículo 59, que trata sobre la “revisión de baldíos adjudicados”, se estipula “la prohibición al adjudicatario de tierras baldías de enajenar a otra persona una extensión mayor a la que se encuentre determinada como rango superior de la unidad agrícola familiar para el respectivo municipio”.

Con esta claridad jurídica, que pedían empresarios nacionales y extranjeros que tienen multimillonarias inversiones en la altillanura y otras zonas, es que el Gobierno quiere sentar las bases para impulsar el nuevo modelo de desarrollo agrario. El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que la idea es desarrollar un campo en el que los empresarios y los campesinos “se complementen”.