Seguramente el gobierno de Juan Manuel Santos será recordado dentro de algunos años y posiblemente no de la mejor manera, pues a pesar de su buena intención de buscar una salida negociada a la confrontación bélica con la guerrilla de las Farc luego de medio siglo, la forma en la que ha llevado a cabo las negociaciones y la actitud del mismo gobierno genera desconfianza y levantado suspicacias, por lo que no ha sido posible conseguir un consenso entre los sectores políticos del país en torno a la búsqueda de la paz.
Pero además del cuestionable manejo que ha tenido el proceso de paz, se suma la administración irresponsable del erario público, lo que ha causado un déficit fiscal sin precedentes en la historia nacional reciente, déficit que pretende, al parecer, ser cubierto con el cobro de más impuestos y el alza en los precios de varios productos que no se dedicarían solamente a 'tapar el hueco' fiscal, sino también para la financiación de un eventual posconflicto posterior a la firma del acuerdo de paz con la guerrilla.
La molestia de muchos colombianos con Santos no es reciente. Desde el año 2011 ya venían presentándose serias molestias desde el uribismo, ese mismo grupo de personas que contribuyó en gran medida a su elección en 2010. Pero fue en 2012 cuando se produjo la ruptura definitiva, luego de que el presidente Santos anunciara que iniciaría diálogos con la guerrilla de las Farc, un hecho que enfadó al ex-presidente Uribe y a sus seguidores más cercanos, pues Santos había sido elegido para continuar con la llamada seguridad democrática, y las negociaciones se consideraban, por lo tanto, contrarias a esta filosofía.
La oposición del uribismo a la iniciación de diálogos con la guerrilla fue el caballito de batalla para las posteriores elecciones presidenciales en 2014, donde la polarización de nuevo fue la gran protagonista y el factor más decisivo en los resultados, sólo que no se trató de una contienda entre la "seguridad democrática" y el "comunismo disfrazado", sino de una contienda entre "amigos" y "enemigos" de la paz. Con la bandera de la paz, Santos obtuvo su reelección, y así pues comenzó su segundo periodo, cuestionado por casi todos los actores políticos del país por lo ya anteriormente mencionado.
Sin embargo, la mayor molestia, sin duda, está en la calle. Es extraño leer en redes sociales o escuchar de viva voz de alguien una opinión favorable acerca del gobierno Santos. Por el contrario, las críticas al mandatario están a la orden del día y de todos los calibres, desde moderadas y expresadas de buena forma, hasta las más ácidas en las que se acuerdan de la madre de Santos (en no muy buenos términos) y en las que inclusive incitan a un derrocamiento del actual mandatario, lo que me lleva a formular la siguiente pregunta: ¿será un golpe de Estado una solución efectiva?
Parece que por primera vez las muchas facciones de la opinión pública en Colombia alguna vez enfrentadas como el uribismo, la izquierda, entre otras, concuerdan en algo como lo es la crítica y la oposición a las políticas de Santos. Pero sólo unos pocos han considerado esta última opción como la única posible para poner fin al gobierno Santos y tratar de implementar un nuevo orden en el país. Lo que muchos parecen no estar teniendo en cuenta es las consecuencias de un derrocamiento, y peor aún si es llevado a cabo por militares.
El único golpe de Estado que Colombia ha conocido se ejecutó en 1953, cuando el General Gustavo Rojas Pinilla derrocó, sin derramamiento de sangre, al presidente Laureano Gómez. Este golpe, que fue considerado un golpe de opinión, no produjo gran zozobra ni alteramientos del orden público. Pero es difícil comparar el contexto en el que estaba Laureano con el que está hoy Santos, pues en aquella época Laureano era un presidente impopular y muy cuestionado y el descontento con su gestión es extendió inclusive a varios grupos de conservadores, por lo que la transición del poder no fue traumática. En cambio un golpe en las circunstancias actuales, con un ambiente tan polarizado como el de ahora, podría tener repercusiones altas, inclusive llegar a una guerra civil.
A Santos le quedan poco más de dos años para entregar la presidencia. El panorama no es muy alentador y un cambio parece lejano. Serán los colombianos quienes deberán actuar en defensa de sus derechos y no permitir más abusos, pero habrá también que saber cuál es la manera correcta.