Ningún régimen puede resguardarse entre sus fronteras alegando "injerencismo" en sus asuntos internos mientras viola la Carta de las Naciones Unidas que se comprometieron sus firmantes a respetar, entre cuyas obligaciones se encuentran el respeto a los derechos humanos y la libertad de pensamiento.

El gobierno venezolano no tiene patente de corso para atropellar a quien piense diferente y la comunidad internacional debe velar porque ello no suceda y porque se respete la voluntad popular expresada en las elecciones del seis de diciembre.

Si persiste en su violación a los derechos humanos, el régimen debe ser aislado y sus crímenes deben ser investigados por los tribunales internacionales en vista de que la justicia interna es un apéndice del gobierno y no puede llevar a cabo un proceso imparcial.