Jorge Ignacio Pretelt Chaljub será el primer magistrado que se someterá a un juicio político en la historia de Colombia. La Cámara de Representantes lo acusó el martes pasado por el delito de concusión. Los hechos se remontan a marzo de este año, cuando salió a la luz pública la denuncia de un supuesto soborno de 500 millones de pesos que Pretelt habría recibido para favorecer a la firma Fidupetrol en un proceso que cursaba en la Corte Constitucional. En 2016, el Senado lo someterá a juicio.
En la Cámara de Representantes hubo un prolongado debate. El resultado final: 96 votos a favor de condenar a Pretelt y 45 en contra. La última palabra la tiene la Corte Suprema, corporación que investigará al magistrado si el Senado lo encuentra culpable. Horas después de conocerse esta decisión, Pretelt habló con EL COLOMBIANO.
¿Cuál es su análisis sobre la acusación que formuló la Cámara de Representantes?
“Como era de esperarse, la Cámara de Representantes cedió ante las presiones públicas del presidente y del fiscal. Sin leer una sola página del expediente decidieron aprobar la acusación de (Julián) Bedoya. Se cometieron todo tipo de irregularidades, no se decidieron las nulidades propuestas, votaron representantes que habían prejuzgado, le negaron a mi abogado y a la Procuraduría la posibilidad de intervenir en plenaria y no existió debate alguno sobre las pruebas, sino que al igual que en la Comisión de Acusaciones votaron a pupitrazo. Incluso el fiscal Montealegre tuvo el descaro de sacar varios comunicados que el país conoció minutos antes del debate de mi proceso, amenazando a los representantes para que votaran en mi contra o de lo contrario los procesaría ilegalmente por los delitos de prevaricato y tráfico de influencias”.
¿Dice que la decisión podría tener intereses políticos?
“Totalmente. El proyecto se decidió a pupitrazo con los votos de la Unidad Nacional gracias a la presión del Gobierno y del Fiscal General de la Nación. También los procesos de restitución que se han tramitado respecto de los bienes No hay como Dios y Altobonito corresponden a una persecución para hacerme renunciar a la Corte. Sin embargo, ya se demostró que ni mi familia ni yo hemos desplazado a nadie. En el primer proceso, el propio reclamante Reinaldo Villalba ya le dijo a la Fiscalía que no lo despojamos de sus tierras. El segundo proceso se originó con una denuncia apócrifa e incluso las propias hijas y otros familiares del supuesto reclamante han declarado que en ningún momento el señor Manuel Gregorio Hernández fue presionado para vender esa finca”.
¿Seguirá como magistrado en la Corte Constitucional?
“Lo más fácil para mí era haber renunciado hace unos meses pero no lo haré porque soy inocente y por la dignidad de esta Corporación. No hay derecho a que el Gobierno arrodille a los poderes públicos para hacer aprobar lo que le venga en gana. Es increíble que Jorge Iván Palacio Palacio pida mi renuncia cuando él mismo fue quien seleccionó la tutela de Fidupetrol mientras que yo no tomé ninguna decisión a favor de esa empresa. Además con qué autoridad moral exige mi renuncia cuando él dejó abierta su oficina pese a ser nombrado magistrado. Ha fallado tutelas de alto contenido económico beneficiando a grandes empresas como la tutela de Triple A y además hace parte de la Comisión de Ética de la FIFA, entidad en la que se demostró el mayor escándalo de corrupción de la historia”.
¿Qué opina del trabajo jurídico que ha adelantado el representante Julián Bedoya en su caso?
“No hay ningún trabajo jurídico de Julián Bedoya, él no es abogado, es un ladrón de armas que fue expulsado de la Policía Nacional, la acusación no la hizo él, se la hicieron en la Fiscalía como ya lo demostré. El proyecto de resolución de acusación está colmado de suposiciones y de conclusiones falsas. Todo el proceso está construido sobre chismes sin coherencia ni fundamento. La Fiscalía rebuscó todas mis cuentas y mis bienes y allanó Fidupetrol, sin encontrar una sola prueba en mi contra. También el CTI buscó las entradas de Pacheco a mi casa y en una inspección judicial probó que no me reuní con ese abogado el 18 de octubre de 2013 como él falsamente lo afirma. De la supuesta solicitud de dineros, no se pudo probar nada, porque simplemente no hay forma de hacerlo puesto que ¡nunca pedí un centavo!”.
¿Qué incidencia ha tenido el Gobierno Nacional en su proceso?
“El Gobierno Nacional quiere expulsarme a como de lugar para que no participe en la discusión del plebiscito por la paz ni de las leyes relacionadas con el proceso de La Habana. El propio presidente de la República le ordenó directamente a la Cámara de Representantes que votara el proyecto de Bedoya y envió a su Ministro del Interior a cuadrar las votaciones de la Unidad Nacional para que votaran a pupitrazo sin leer una sola página del expediente”.