La guerra, y la colombiana no es la excepción, no es un simple enfrentamiento entre los buenos de este lado y los malos, la subversión. En la nuestra, por poner tan solo un ejemplo, el 58.6% (1.166) de las masacres cometidas entre 1985 y 2012 (los años más críticos del conflicto), fueron cometidas por grupos paramilitares, mientras que la guerrilla cometió el 17.3% (343). ¿Los datos? Los trae el Centro Nacional de Memoria Histórica, una institución creada por el gobierno de Álvaro Uribe.

Por tanto, las víctimas no sólo son responsabilidad de las FARC. También están los grupos de justicia privada creados por los hacendados y la extrema derecha. De igual manera participaron los agentes del Estado y los políticos que prohijaron la justicia por propia mano. Por consiguiente, su pregunta debería ser más amplia: ¿Le parece a usted justo que nosotros tengamos que pagar por los delitos de los violentos?

En un mundo ideal, no. En el mundo real, donde son pocos los que se salvan de haber participado en una u otra forma en esta guerra, si. Porque no es simplemente meterse la mano en el dril y todos tan contentos. Construir la paz es un reto descomunal que parte de la terminación de la guerra y se comienza a desarrollar a través de la justicia transicional y luego con las penas fijadas, la verdad, la reparación y la garantía de no repetición.

Alemania, en la segunda guerra mundial, fue condenada a asumir parte de los gastos de reparación, pero para la recuperación de Europa todos los países debieron meterse la mano al dril, encabezados por Estados Unidos y su plan Marshall. Cada quien, cada habitante, no solo debió llorar sus muertos sino poner su esfuerzo para levantar a su comunidad de las ruinas.

La jurisdicción que se pactó en la firma del cuarto punto será la encargada del cómo, el dónde, el cuándo y el cuánto, de las reparaciones a las víctimas. Esto es un hito para la humanidad y lo conseguido en este proceso se convierte en una hoja de ruta para los futuros procesos de paz que se intenten en este mundo violento y desigual.

Y si no se está de acuerdo con las penas de 5 a 8 años para los que confiesen, o de 20 años para los que mientan o no lo hagan, o de que los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio no son amnistiables, o de tantos otros temas de que tratan los 75 puntos de este acuerdo sobre víctimas, o los contenidos en los otros tres temas aprobados, se tiene la oportunidad de negarlo en las urnas.