Sobre lo primero, es lo deseable pero no lo exige la ley. Solamente Gómez Méndez y Montealegre han cumplido con lo obvio, ser abogados penalistas. Los demás fiscales generales han sido políticos con nulos conocimientos de derecho penal.

Sobre lo segundo, hay que esperar que se pronuncien los jueces que son los que tienen la última palabra y no las redes sociales. Si estafó a la fiscalía que se le declare responsable. Si no lo hizo, que se reivindique su nombre.