El panorama es inquietante. Los militares no habían tenido tantos beneficios desde la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, pero recordemos que fueron los propios militares, a raíz de una huelga general convocada por la llamada Junta Patriótica que representaba a la sociedad civil, los que lo depusieron.

Es probable que ante un triunfo de la oposición que, según encuestas independientes, obtendría entre un 20 y un 25% de ventaja sobre el PSUV, el régimen llame a las fuerzas paramilitares chavistas a salir a las calles y sembrar el caos hasta el punto de que so pretexto de imponer el orden puede decretar la ley marcial, suspender por tiempo indefinido todas las garantías constitucionales y acusar del desmadre a la oposición.

La Asamblea Legislativa le aprobará poderes absolutos antes de que se posesionen los elegidos el 6 de diciembre, acusará a Estados Unidos de querer invadir a Venezuela y perseguirá ferozmente a los líderes opositores, acusándolos de fraude, constreñimiento a los electores y conspiración contra el Estado. Rodeado de militares su régimen, como ya lo anunció, se radicalizará aún más y disolverá la Asamblea.

Pero sería un salto al vacío y provocaría la reacción internacional, dejando aislado al régimen. Las protestas callejeras se incrementarían, muertos por doquier y al final, los propios militares derrocarían a Maduro, impondrían una junta militar y llamarían a elecciones en un tiempo prudencial.

Claro, puede suceder la otra opción. Maduro respeta la decisión de las urnas y la nueva Asamblea Legislativa comienza a desmontar el régimen chavista y en 2017, mediante elecciones libres y democráticas, eligen a un candidato de la oposición y Maduro, Cabello y sus secuaces irían a parar a la cárcel o al exilio.

Las opciones están servidas. Lo único cierto es que después del seis de diciembre Venezuela no volverá a ser la misma.