El trabajo de la Fiscalía que hace palidecer la investigación de Springer
La politóloga presentó su informe sobre el ELN en EE.UU. pero la Unidad de Análisis y Contexto tenía, al mismo tiempo, un sustancioso documento sobre los crímenes de esa guerrilla.
Hace unas semanas la politóloga Natalia Springer reapareció junto al fiscal general Eduardo Montealegre en Washington y ante un auditorio, el del Diálogo Interamericano, donde la analista presentó los primeros resultados de sus investigaciones acerca del conflicto y el ELN.
Ese informe se deriva de un millonario y contrato suscrito por Springer con la Fiscalía con la misión de recopilar información contra este grupo guerrillero y que serviría de base para acusarlos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante la presentación y en una charla con la prensa, ella se mostró nerviosa. No era para menos. Springer ha sido el foco de las denuncias, entre ellas de Semana.com, que han advertido, con base en testimonios y documentos, que sus informes no contribuyen a la labor de la Fiscalía.
Luego de esa visita Natalia escribió en su cuenta de Twitter: “A los insultos se responde con resultados. Hoy vuelve a ganar la justicia y Colombia! @FiscaliaCol”.
En efecto, ella se siente ganadora. Pero en la Fiscalía, y más exactamente en la Unidad de Análisis y Contexto creada para hacer el trabajo que hoy hace Springer, siguen insistiendo, en voz baja, en que los informes de Natalia son mucho menos que los que ellos realizan y que el dinero pagado a ella es “platica perdida”.
De hecho, al viaje a Estados Unidos fue el director de esa Unidad, Juan Pablo Hinestrosa, quien, sin mayores protagonismos, guardaba bajo el brazo un informe contra el ELN mucho más completo que el de Natalia.
Para sustentarlo, fiscales de esa dependencia que han pedido total reserva de sus nombres muestran el informe del ELN elaborado por fiscales de esa unidad y que son mucho más que las 46 páginas que presentó Springer. Ella concluyó que en 28 años el ELN cometió 1.317 atentados contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, por lo que se le acusa de haber derramado 151 millones de galones de petróleo en ecosistemas especiales.
El costo económico de los ataques supera los 42.000 millones de dólares ya que el oleoducto dejó de operar 3.701 días, equivalentes a más de 10 años. Estas cifras estaban apoyadas en datos estadísticos que para algunos expertos ya estaban en los balances anuales de las mismas petroleras.
Semana.com tuvo acceso al documento de 700 páginas de la Unidad de Contexto que, a todas luces, deja en evidencia un trabajo comprometido de ocho meses de trabajo de los funcionarios que lograron establecer el modo, tiempo, lugar de cada uno de los crímenes del grupo guerrillero.
Las culpas del ELN
El estudio no sólo recoge toda la historia del ELN, su estructura, capacidad de operación, entre otros aspectos, sino que permite establecer los casos particulares que llevarán a determinar las responsabilidades (crímenes de guerra y lesa humanidad) por los que serán juzgados los miembros de este grupo guerrillero.
Según los detalles del informe, al ELN se le acusa de 4.894 secuestros, 930 reclutamientos ilícitos, 5.391 homicidios, 2.989 desplazamientos forzados, 87 casos de violencia basada en género y 1.450 infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Pero existe otra línea de investigación que se abrirá y dará mucho de qué hablar. Se trata de las personas que han financiado a este grupo armado. De acuerdo con el informe de la Fiscalía, desde los años 90 el grupo guerrillero venía escogiendo y promoviendo candidaturas a cargos de elección popular como alcaldías y gobernaciones, propendiendo para que se integrasen los gabinetes regionales y para que accedieran a cargos públicos.
También describe la forma como ese grupo accedió a contratos estatales con el ánimo de obtener dividendos económicos para la organización armada ilegal.
“Se recibieron algunos testimonios de vecinos del municipio de Arauca, quienes señalaron la forma como el ELN penetró en los despachos públicos y obtuvo de esa forma financiación para el estamento armado ilegal”, dice el informe conocido por este portal.
Estos resultados hacen parte de tan solo tres fases de la investigación. La primera corresponde a ubicar los crímenes del grupo guerrillero y en proceso está una segunda fase, para individualizar a los responsables de los crímenes.
La tercera fase será la de imputación a cinco integrantes del Comando Central del ELN (COCE): Nicolás Rodríguez Bautista, ‘Gabino’; Israel Ramírez Pineda, ‘Pablo Beltrán’; Eliécer Chamorro Acosta, ‘Antonio García’; Rafael Sierra Granados, ‘Ramiro Vargas’, y Gustavo Aníbal Giraldo, ‘Pablito’, el hombre que el Ejército señala del ataque en Güicán que dejó 11 militares y un policía muerto.
Todos tendrán que responder por los delitos de homicidio; infracciones al derecho internacional humanitario; desplazamiento forzado; uso de armas no convencionales (siembra de minas); reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes; secuestro, y violencia basada en género.
Más allá de la relevancia incuestionable de los resultados de la investigación de la Unidad de Análisis y Contexto, lo cierto es que una vez más se pusieron en duda la importancia y los resultados de los multimillonarios contratos de Natalia Springer y la Fiscalía para hacer varias investigaciones sobre la guerra en Colombia.
Pero Natalia se siente ganadora y desde un sector de la Fiscalía la aplauden. Pero hay otro grupo que sigue pensando que su trabajo ya estaba prácticamente hecho en la entidad o está en proceso. Lo dicen para demostrar que allí hay gente capacitada para hacer lo que ella publicitó y por lo que cobró más de 4.000 millones de pesos del Estado.