El titular es equívoco porque un alcalde no tiene facultades de juez penal y por tanto no puede "castigar" criminales. Lo que quiere Peñalosa es formar un frente común con los alcaldes de las grandes ciudades e impulsar un proyecto de ley ante el Congreso que impida la libertad provisional para los reincidentes o la detención extramural (casa por cárcel).

La iniciativa es buena y sería regresar a lo que había antes, pero como estos pequeños robos son la mayoría de los delitos que se cometen, la pregunta es obvia: ¿dónde los van a recluir? Si hay un grave hacinamiento en las cárceles y en las URIs con estas medidas, con la reforma planteada la población carcelaria se elevaría exponencialmente.

Habría entonces que construir más cárceles que no es de la noche a la mañana porque se necesita presupuesto, adiestramiento de personal, y tiempo, lo que muestra que la solución es a mediano plazo, unos 4 años para que estén listos los centros de reclusión que van a recibir a estos pequeños delincuentes.

¿Y mientras tanto? Se necesita un plan de choque que mejore la seguridad de las ciudades siguiendo el viejo dicho: "la ocasión hace al ladrón" y establecer un control dacroniano de las ventas de segunda (repuestos, celulares, etc.) con extinción de dominio de los inmuebles que se presten a comprar artículos robados, aparte de una agresiva campaña publicitaria sobre las problemas judiciales a que se pueden ver abocados quienes compren objetos de dudosa procedencia. Hay que romper la cadena.