Se parte de una premisa que no tiene sustento científico y es que la homosexualidad es una enfermedad, una anomalía o una práctica antisocial, creencia que hace varias décadas fue revaluada porque se trata de una clase de orientación sexual tan respetable como la heterosexual.

Por consiguiente, la pareja homosexual debe cumplir con los mismos requisitos y evaluación que se les exige a las parejas heterosexuales para aplicar a una adopción. Será entonces el funcionario el que decidirá si cumple con las condiciones sociales, económicas, de edad, etc. señaladas por la ley y decidirá en consecuencia.