Situación jurídica de Senador Iván Cepeda se complica.
Registros internos de visitas de la cárcel de Itaguí e investigación podrían haber llevado a existencia de prebendas de este a cambio de declaraciones fabricadas
Jueves, October 29, 2015 - 03:33
La situación sin embargo salió al revés para Iván Cepeda, quien meses después fue descubierto como recurrente visitante de los paramilitares Ramiro de Jesús Henao, alias Simón, y Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, para que declararan en contra del expresidente Álvaro Uribe. Adicionalmente, de acuerdo al reglamento del congreso de la Republica, el supuesto debate de control político que este ejerció contra el expresidente, tal y como lo advirtió la procuraduría, configuraba una falta grave.
Los recientes análisis de medios como SEMANA que se hacen de la situación jurídica del Senador Iván Cepeda en el sentido de que su proceso puede estar motivado por tintes políticos, no tienen en consideración la gravedad de las pruebas que el informe de la procuraduría instruyó en contra del senador. A diferencia de las acusaciones que este ha realizado contra numerosos directivos del partido Centro Democrático en Colombia, las pruebas de la procuraduría contra Cepeda en este caso son contundentes.
En este sentido no solamente están las declaraciones de los dos paramilitares libremente motivados a declarar en el caso, en el sentido de que el parlamentario les pudo haber ofrecido abiertamente prebendas para que declararan en contra del líder opositor Álvaro Uribe, sino que existe el registro completo de sus visitas a la cárcel para buscar reunirse con criminales ya procesados que ante la posibilidad de ver su condena con beneficios podrían haberse acogido a los beneficios que ofrecía el senador.
La situación sin embargo salió al revés para Iván Cepeda, quien meses después fue descubierto como recurrente visitante de los paramilitares Ramiro de Jesús Henao, alias Simón, y Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, para que declararan en contra del expresidente Álvaro Uribe. Adicionalmente, de acuerdo al reglamento del congreso de la República, el supuesto debate de control político que este ejerció contra el expresidente, tal y como lo advirtió la Procuraduría, podría configurar una falta grave, lo que a la postre no solo lo puede llevar a que pierda su investidura, sino además a que sea procesado penalmente por aparentemente presionar a alias Simón y alias Castañeda para que a cambio de mejores condiciones de reclusión, rebajas de pena o incluso viajes de sus familiares al extranjero, fabricaran testimonios para perjudicar al expresidente.
Ante la gravedad de la situación, y las pocas salidas que el senador Cepeda tiene frente a las pruebas de sus sistemáticas visitas a la cárcel de Itagüí, la situación jurídica de Cepeda se complica. Aparentemente tanto la comisión de la falta disciplinaria como del delito son inexcusables, ya que en los dos casos se comprobó tanto la advertencia previa de los organismos de control y la bancada de oposición del Congreso de la República, así como las pruebas reales de instituciones del gobierno que demuestran que efectivamente Cepeda habría estado motivado a llevar a cabo tales desplazamientos hasta Antioquia para falsamente impugnar testimonios.
A los hechos registrados, la situación podría hacerse aún más compleja jurídicamente ya que el senador Cepeda tiene desde el 2013 abiertas sobre el mismo caso denuncias por fraude procesal y abusos a la función pública. Por este motivo, el pliego de cargos de la Procuraduría, a diferencia de las declaraciones de Cepeda, no es nuevo. En este sentido, la conexidad de las denuncias con el pliego de cargos ahora abiertos al senador, podría por ende llevar a demostrar la articulación de la conducta del mismo. Finalmente, lo que cerraría el caso a juicio de la procuraduría es que las declaraciones de los paramilitares presos en Itaguí pudieran demostrar que el senador les solicitó que rindieran versiones en contra del actual congresista Álvaro Uribe.
Elementos que complican la situación jurídica del senador Iván Cepeda
-Registros formales de visitas a la cárcel de Itagüí.
-Denuncias del organismo público y miembros de la oposición del congreso advirtiendo inconstitucionalidad del debate.
-Previas denuncias (2013) por el mismo caso. Fraude procesal y abusos a la función pública.
-Investigación en curso sobre potenciales prebendas por declaraciones a sindicados paramilitares Ramiro de Jesús Henao, alias Simón, y Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda.
-Investigación disciplinaria de la Procuraduría legítima por ilegalidad del debate (Art.114 Constitución -Ley 5 del Senado).