Lo que no me queda claro es qué tiene que ver el artículo con la expulsión de niños, mujeres y ancianos de sus casas, violando sus propias leyes que ordenan un proceso de 30 días para determinar el estatus migratorio en el que se encuentran y tomar las determinaciones del caso. Tampoco me aclara el por qué a estas mil personas se les culpa de ser las causantes de la inflación del 180% que padece Venezuela, del desabastecmiento, de la violencia y de la corrupción.

Esperemos que la justicia internacional y la nueva asamblea legislativa le pase la cuenta de cobro a Maduro y su camarilla y sean llevados a los tribunales no sólo por este crimen de lesa humanidad sino por toda la cadena de crímenes que han cometido contra el pueblo venezolano.