El gerente administrativo del Fondo de Seguridad y Vigilancia, Jairo Osorio, explicó en entrevista con Blu Radio detalles del lío en que se encuentra la entidad por la compra de 20 cámaras de seguridad en un contrato de aparentes irregularidades.
Osorio advirtió que esas cámaras, adquiridas por el anterior gerente del Fondo, Máximo Noriega, ni si quiera dejan registro archivado de lo que muestran.
“En el centro de monitoreo no hay grabación de lo que se está mirando con esas cámaras, usted ve en tiempo real lo que está sucediendo pero no hay posibilidad de hacer la grabación ni hay la conectividad directa”, explicó Osorio.
El gerente administrativo lamentó que ya se pagó el 80 por ciento del convenio, de un total de 7.753 millones de pesos, “y las cámaras no solo no están funcionando sino que en el almacén del Fondo de Vigilancia no las podemos recibir porque no tenemos quién las reciba. La Policía no recibe las cámaras porque no tienen conectividad, es decir que no va a ninguna agencia de despacho”.
El escándalo se destapó porque fueron adquiridas las 20 cámaras biométricas de reconocimiento facial por un valor de 7.753 millones de pesos, lo que querría decir que cada una costó algo más de 387 millones de pesos, pese a que en el mercado se consiguen en unos 9 millones de pesos, cada una.
Osorio explicó que el Fondo suscribió el convenio con TransMilenio y luego otro con una firma llamada Emtel, prestadora de servicios públicos en Popayán, y ésta última fue la ganadora del contrato, pero luego subcontrató con otra “que se llama Inversiones Tecnológicas de América S.A., pues no tenía las competencias funcionales para cumplir con lo que se había comprometido y tuvo que necesariamente salir a subcontratar y eso no es otra cosa diferente a la licitación pública”.
Hasta el momento el acalde de Bogotá, Gustavo Petro, no se ha pronunciado al respecto.