Los contratos innominados
Cuando buscamos cómo se habían constituido esas diez empresas nos dimos cuenta de que siguieron una especie de esquema prediseñado: un formato que ya tienen listo las firmas de abogados en Panamá para fundar una compañía en cuestión de minutos. Sólo el pasaporte, la licencia de conducir, un documento con la dirección de residencia y una carta de referencia de cualquier banco fue lo que le pidieron a Ken Silverstein, un reportero investigativo quien escribió recientemente en VICE un reportaje sobre cómo funciona el mundo de los paraísos fiscales. "Nosotros no le pedimos información sobre su negocio", cuenta que le respondieron cuando quiso crear una empresa allá.
En los documentos que encontramos en el Registro Público de Panamá había varias coincidencias:
1) La mayoría de las sociedades se inscribió con un capital inicial de $10 mil dólares: sólo dos de los Parody declararon cifras en millones de dólares.
2) Los objetos sociales son prácticamente iguales para todas y con un contenido tan genérico que les permite ejercer cualquier actividad y realizar cualquier tipo de intercambio comercial, cosa que dificulta saber a qué se dedica en realidad cada compañía.
3) Muchos tienen el mismo agente residente, es decir, un abogado con licencia en Panamá que debe avalar y presentar a las sociedades para inscribirse. Como ese requisito ha sido monopolizado por varias firmas, no es casualidad que el bufete IGRA (Icaza, González-Ruiz & Alemán) sea el agente de siete de los casos cercanos a los ministros que revisamos y, a la vez, el de una fundación panameña que utilizó el extesorero del Partido Popular de España para controlar una estructura de negocios y transferencias internacionales con la que pudo hacer pagos ilegales y llevar una doble contabilidad en el partido, según información del periódico ABC de ese país. (¿Se dan cuenta del tipo de torcidos que permite el esquema panameño?).
4) A pesar de pertenecer a colombianos, en las actas de constitución de estas empresas dice que quienes las registraron fueron unos ciudadanos panameños que, además, ¡tienen a su nombre otras decenas de miles de sociedades! De hecho, algunas de las compañías de los Parody y los Vargas incluyen a estos multi-registradores en sus juntas directivas. Esto sucede porque en la ley panameña los suscriptores no necesariamente son los mismos accionistas —o sea, los propietarios, de hecho pueden ser intermediarios que conectan a los verdaderos dueños con los agentes locales—.
Con esas características comunes que identificamos, comprobamos en parte lo que critican la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización para la Cooperación el Desarrollo Económicos (OCDE) en su Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales: que el sistema panameño hace difícil conocer a los verdaderos dueños de una compañía o beneficiarios de una fundación, ayuda a ocultar su actividad real, no garantiza que haya información contable disponible y favorece la evasión de impuestos.
Lo llamativo es que esas prácticas, que llevaron a países como Estados Unidos, Francia, México, Argentina, España y Ecuador a considerar a Panamá como paraíso fiscal y a obligarla a firmar 25 acuerdos de intercambio de información, sólo entre 2010 y 2013, son las mismas prácticas que denunció el gobierno colombiano y las mismas que han utilizado los familiares de sus altos funcionarios, junto con otros miles de empresarios, para llevar sus capitales a ese país.
Por ahora las condiciones comerciales para todos ellos seguirán intactas. Luego de una impetuosa protesta por parte de Panamá, Colombia terminó por sacar a su vecino de la lista de paraísos fiscales y pactó la elaboración de un memorando de entendimiento entre ambos para llegar a un acuerdo de intercambio de información bancaria, a ver si el país logra recuperar algo de esa platica 'fugada'.
Con esto, los familiares de los ministros Parody, Álvarez-Correa, Gaviria, y también los del vicepresidente Vargas Lleras se salvaron de afrontar medidas duras, como costos mucho más altos para las transacciones que hacen con sus empresas en Panamá. Por eso, como parte de este ejercicio, Poderopedia trató de contactar a los altos funcionarios para conocer su opinión sobre las conexiones de sus parientes con ese país.
El vicepresidente nos contó que su empresa en Panamá cerró sin realizar ninguna actividad, pero no explicó por qué esa pasividad. Dijo que comparte totalmente las decisiones que tome el gobierno nacional y que sus funciones se limitan a lo que le asignó el presidente en septiembre de 2014 —infraestructura y vivienda, principalmente—.
Finalmente, acostumbrados a que nos ignoren los funcionarios del gobierno, no recibimos ninguna respuesta de los líderes de Salud, Comercio y Educación, a pesar de que hablamos con sus encargados de prensa, Ricardo Amórtegui, María Antonia Castiblanco y Alejandro Rey, respectivamente, y les enviamos varios mensajes de correo electrónico.
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Con la evasión a nuestras preguntas, la complejidad del esquema empresarial panameño y las dificultades para saber quiénes están detrás de una empresa, tanto allá como en nuestro país, investigar estos asuntos se vuelve bastante dispendioso.
Pero no por eso el ejercicio deja de ser necesario: las actividades comerciales de quienes nos gobiernan y sus allegados se convierten en información de interés público desde el momento en que aquellos se vuelven funcionarios de lo público. Tan es así que cuando los congresistas se posesionan les exigen llenar un libro llamado "Registro de Intereses Particulares" para saber de antemano —antes de que empiecen a debatir leyes específicas— en qué otros sectores se desenvuelven.
Conclusión: si es importante saber qué intereses tienen nuestros legisladores, también deben serlo los intereses de los ministros del gabinete de un presidente de la República. Así este gobierno, empezando por el presidente, se lo pase por la faja.