Muy buen artículo, el resumen esta en el espectador, pero este es el articulo original.
La corrupción es una mierda, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo. Nos asquea ese show eterno al que nos tiene sometidos la política colombiana, en el que cada cierto tiempo un político barrigón y encorbatado, con un charquito de baba blanca en la comisura de la boca, asegura con una sonrisa cínica que no, que nunca se quedó con una tajada de ese contrato, que nunca recibió ese soborno de 500 millones, y que mucho menos buscó influenciar a un funcionario público para que favoreciera un negocio en el que él o su familia tenían platica invertida.
Unos meses después vemos al cínico de turno desfilar ante un juez, condenado por un poco de delitos cuyos nombres parecieran estar diseñados para que el ciudadano del común no los pueda ni memorizar: prevaricato, cohecho, peculado, tráfico de influencias...
En VICE tampoco la vamos con los corruptos. Y por eso decidimos aliarnos con Poderopedia, una plataforma periodística que hace visibles a quienes tienen el poder político y económico en el país, para luego trazar las formas en las que se relacionan entre sí. Poderopedia busca mostrarnos quién manda en Colombia y cómo se mueven esos hilos invisibles del poder en un país donde, como escribió el senador Carlos Fernando Galán 'House of Cards es un juego de niños'.
Poderopedia decidió identificar qué conflictos de interés tienen algunos ministros del Gobierno Santos, a partir de la identificación de las empresas en las que ellos o sus familiares más cercanos han participado. Hacerlo nos permite evitar o alertar sobre riesgos de corrupción en un futuro, pues cuando conocemos de antemano qué intereses tienen los políticos y sus familiares, a ellos les queda más difícil aprovecharse de su poder para presionar a otros o tomar decisiones en sus cargos a favor de sí mismos (o de sus amigos y familiares): el clásico "tráfico de influencias", que en Colombia, dependiendo del caso, tiene una pena de entre 3 y 12 años de cárcel. La mayoría del gabinete de Santos, sin embargo, no opinó igual.
Haciendo un ejercicio básico de ciudadanía (en Colombia el derecho constitucional de petición y la Ley de Transparencia le garantiza a cualquier persona el hacerle preguntas y recibir respuestas por parte de cualquier funcionario público), les pedimos tanto a los ministros como al presidente y al vicepresidente que nos dieran una copia actualizada de su hoja de vida para saber las empresas en las que han trabajado o a las que les han prestado servicios profesionales; les preguntamos de cuáles sociedades han sido socios ellos o sus familiares y con qué entidades privadas han tenido algún tipo de litigio. Sin embargo, de entrada, nos encontramos con un rotundo "NO" de la mayoría (15 de 19).
Poderopedia decidió identificar qué conflictos de interés tienen algunos ministros del Gobierno Santos, a partir de la identificación de las empresas en las que ellos o sus familiares más cercanos han participado.
Así que lo que sigue en adelante es la historia de lo que los ministros no nos quisieron contar.
Respuestas a medias, excusas y silencios
El presidente encabezó el grupo de los que además de negarse a entregar el grueso de la información por considerar que sus empresas, las de su familia y su vinculación con el mundo corporativo, no deben ser de conocimiento de la opinión pública, se fueron por la salida fácil: Santos nos remitió a la breve reseña que se encuentra en sus sitios web. Por ese camino transitaron también Alejandro Gaviria, ministro de Salud; Natalia Abello, de Transporte; Juan Carlos Pinzón (por entonces de Defensa), Luis Eduardo Garzón, de Trabajo y Gina Parody, de Educación.
Otros sí enviaron su hoja de vida completa, pero nos salieron con los mismos argumentos para ocultar su vida comercial: Cecilia Álvarez-Correa, ministra de Comercio, Industria y Turismo; Diego Molano (hasta hace un mes el jefe de la cartera llamada de las TIC); Yesid Reyes, de Justicia, y Néstor Humberto Martínez, de la Presidencia, quien todavía no había renunciado a su cargo. Incluso él, que venía atado a montones de empresarios millonarios porque su firma de abogados tiene clientes del calibre de RCN, Caracol, Pacific Rubiales, Grupo Aval, Grupo Santo Domingo, etc., nos echó en cara lo generoso de su respuesta: "A pesar del derecho a oponer reserva sobre distintos aspectos de mi trayectoria personal y profesional, le anexo copia de mi hoja de vida". ¡Un bacán!
Como no somos abogados ni tampoco expertos en estos asuntos, consultamos a la Fundación para la Libertad de Prensa para tratar de entender las argumentaciones jurídicas que nos dieron estos funcionarios con vidas comerciales tan misteriosas. Allí estuvieron de acuerdo en que, a la luz de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información que ahora tiene Colombia (Ley 1712 de 2014), lo que estábamos solicitando debía ser entregado. La razón es que existe una clara diferencia entre el derecho a la intimidad de un funcionario público y un ciudadano del común, y que en eso han insistido esa ley, nuestra Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Cabe destacar que los ministros de Defensa (Pinzón, en ese entonces), Trabajo y Educación, contestaron los derechos de petición por fuera de los tiempos que establece la norma (máximo 15 días hábiles). Hubo también quienes nos ignoraron. De los ministros de Agricultura, Ambiente, Interior, Hacienda, Relaciones Exteriores y el nuevo ministro de las TIC nunca recibimos respuesta.
Los que sí hicieron juiciosos la tarea fueron el ministro de Minas, el vicepresidente y la ministra de Cultura, quienes nos contaron en qué empresas tienen acciones. Sin embargo, Vargas Lleras se negó a hablar sobre las sociedades de sus familiares, cosa que al menos sí hizo Tomás González. El ministro de Vivienda también contestó todas las preguntas y nos dijo que sus parientes no tienen empresas y que su participación en juntas directivas ha sido sólo en función de los cargos públicos que ha ocupado. Todos aseguraron que no tienen litigios con ninguna entidad privada.
Pese a la olímpica sacada de cuerpo de la mayoría de los miembros del gabiente, decidimos indagar por nuestra cuenta. Los rastreamos en bases de datos de Comfecámaras, hablamos con quienes los conocen y los han investigado anteriormente, escrutamos el Registro Público de Panamá, el de empresas en el Reino Unido y la División de Corporaciones de la Florida.
Finalmente, luego de algunos hallazgos sueltos —por ejemplo, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, encargado por el presidente de coordinar los sectores de vivienda e infraestructura, tiene acciones en la empresa Manufacturas de Cemento S.A., que contrata con el Estado— dimos con una historia de mayores dimensiones.
Los intereses del alto gobierno en Panamá, justo cuando el país intenta frenar que anualmente se pierdan miles de millones de impuestos a través de sus laxas regulaciones para la empresa privada.
Panamá, el paraíso
En octubre del año pasado el gobierno colombiano decidió incluir a Panamá en su lista de paraísos fiscales porque, según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), por esa vía se le van al país, por año, alrededor de 4 billones de pesos que deja de recibir en impuestos (poco menos que el presupuesto anual destinado a educación en Bogotá).
El problema con los países a los que se les da ese título es que facilitan la evasión de impuestos y hasta el lavado de dinero. Para empezar, uno puede llegar allá y crear empresas fantasma con muy pocos requisitos y sin necesidad de figurar en los papeles como propietario. Luego va a tener que pagar impuestos muy bajos, o incluso no pagar nada, y, para completar, allá garantizan que el país no dará a nadie información sobre las transacciones que hace su empresa. Esa combinación hace que cualquier extranjero pueda fundar una compañía en un paraíso fiscal y esconder allí las ganancias que en realidad ha obtenido en su lugar de origen, sea de manera legal o ilegal.
Por ese tipo de facilidades, un sinnúmero de empresarios colombianos tiene registrados sus negocios al otro lado de la frontera, entre ellos varios familiares del vicepresidente y los ministros de Educación, Comercio, Agricultura y Salud.
Uno de los casos en los que encontramos más ramas fue el de la familia de la ministra de Educación Gina Parody, que tiene un conglomerado empresarial enorme en el sector marítimo y que registró en Panamá la sociedad Stain Bross en 1987. Además, entre 2001 y 2012, inscribió otras cinco sociedades, cuatro de ellas con Vivian, Arlene y Carlos Dahl, también empresarios de puertos de Cartagena. Los capitales de inicio de esas empresas suman más de $250 millones de dólares y en sus juntas directivas figuran el papá y los hermanos de la ministra.
Este asunto también toca a la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez-Correa. Por los temas de su cartera, ella sí tiene que ver directamente con las negociaciones binacionales. En octubre de 2014, en plena crisis con Panamá, se reunió con su homólogo de ese país y, según dijeron varios medios, la agenda era bastante amplia sobre los efectos comerciales y turísticos de declarar paraíso fiscal al vecino. Pero los resultados del encuentro fueron cerrados, ninguno de los dos dio declaraciones ni publicó un comunicado.
Lo que sí es claro es que la ministra Álvarez debió hacer transparente su cercanía personal con el tema, no sólo porque ella y Gina Parody son pareja, y por tanto su familia política tiene intereses en Panamá, sino porque ella también estuvo vinculada como asesora de varias de las empresas de los Parody entre 2009 y 2010.
Otro empresario que tiene profundas raíces en el istmo es Enrique Vargas Lleras, hermano del vicepresidente, ya que es directivo de Stroyneftegazservice —SNGS S.A.—, una firma que se dedica a la explotación de hidrocarburos, que también tiene sede en Colombia y que fue matriculada en Panamá en 2006. Además, los hermanos Vargas Lleras, junto con su papá, tuvieron hasta 2004 otra empresa en ese país, que estuvo registrada por dos años bajo el nombre Anaco Development, pero que, según el propio vicepresidente, no realizó ninguna actividad y por eso fue liquidada, una movida típica de los paraísos fiscales.
En cuanto al ministro de Salud, su hermano, Matías Gaviria, también tiene vínculos comerciales con la frontera, a través de la junta directiva de la filial de Alimentos Cárnicos en Panamá, del Grupo Nutresa. En Colombia es además gerente de Novaventa, que pertenece al mismo grupo.