Procuraduría formula pliego de cargos a Petro por presuntas irregularidades en adopción del POT
Según el ente, el mandatario habría desconocido la normatividad pese a tener conocimiento de ella y a ser advertido reiteradamente por el Concejo de Bogotá.
Por el posible desacato de normas constitucionales, legales y reglamentarias, el despacho del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, formuló pliego de cargos al actual alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, Gustavo Francisco Petro Urrego.
Señala la investigación que el alcalde de Bogotá adoptó de manera excepcional el Decreto 364 del 26 de agosto de 2013, “Por el cual se modifican las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá”, pese a que el Concejo Distrital, en sesión ordinaria del 7 de junio de 2013, aprobó la ponencia negativa del proyecto de acuerdo.
Según el expediente, con este acto el alcalde de Bogotá habría hecho caso omiso a la normatividad que otorga en los concejos municipales y distritales la competencia para la reglamentación del uso del suelo, optando por proferir un acto administrativo que no resultaba procedente.
Advierte la Procuraduría sobre la medida cautelar de suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado (Sección Primera) el 27 de marzo de 2014 al Decreto 364 del 26 de agosto de 2013, resaltando que el alto tribunal precisó que “el alcalde mayor de Bogotá, al expedir el acto administrativo acusado, se arrogó una facultad de la cual carecía”.
Provisionalmente el despacho del procurador general de la Nación calificó la posible falta disciplinaria como grave, a título de dolo, pues Petro Urrego, “con plena voluntad y conocimiento del procedimiento que debía realizarse para lograr la modificación al Plan de Ordenamiento Territorial, habría suscrito dicho decreto haciendo caso omiso y sin reparar en las advertencias hechas por diferentes intervinientes en el Concejo de Bogotá”.
El ente indicó que una vez notificado, “el funcionario disciplinado o su (s) apoderado (s) podrán solicitar o aportar a la Procuraduría General de la Nación las pruebas que consideren conducentes para su defensa”.