"No hay mal que por bien no venga", dice la sabiduría popular y después de la grave crisis que estuvo a punto de hacerlo naufragar, el proceso de paz coge nuevos bríos y demuestra que se está más cerca de la firma que del rompimiento, con un aditamento: el cese bilateral es posible con condiciones y se impone un plazo de cuatro meses para una evaluación final.

La guerra cede, pero aún queda mucha tela por cortar.

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El proceso de paz resucita y a más revoluciones Por: Juanita León, Dom, 2015-07-12 22:08 ​ Desde hace meses militares activos discuten con comandantes de las Farc fórmulas para un cese bilateral y definitivo. Ahora este tema pasa a la Mesa de Negociación. Foto: Alto Comisonado para la Paz. ​ El proceso de paz no solo salió de los cuidados intensivos en los que estaba, según las declaraciones de Humberto de la Calle hace una semana, sino que parece haber entrado en su fase final. Así se desprende del comunicado conjunto que divulgaron el Gobierno y las Farc al terminar este ciclo de negociaciones, en el que cuentan que acordaron agilizar la negociación en La Habana y desescalar el conflicto armado en Colombia. Eso va en la línea de lo que el gobierno quería. meterle el acelerador y plantear un horizonte más o menos claro de cómo finalizaría el proceso. También va en la línea de lo que las Farc quería: entrar a discutir el cese bilateral lo antes posible. En todo caso, permanece en el medio el tema de la justicia, sobre el que todavía no hay un acuerdo y que es crucial para concretar el cese bilateral. El acelerador El anuncio de que aceptarán que el cese bilateral sea verificado y monitoreado por organizaciones internacionales y que aceptan un cronograma para acelerar la firma de un acuerdo final es un indicio de que esta vez las Farc sí tienen la intención de llegar hasta la dejación de las armas. ​ Las partes acordaron temas de procedimiento que son clave porque ya varios expertos habían dicho que los negociadores habían quedado “presos” de la metodología. Hasta ahora la negociación se ha manejado a partir de ciclos intensos y relativamente cortos en los que la discusión de la Agenda se hace básicamente en dos escenarios: primero en grupos de 2 x 2 o 3 x 3 en donde Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo y otro negociador se reúnen de manera informal con el mismo número de jefes guerrilleros negociadores a explorar fórmulas posibles de acuerdo. Y después las someten a consideración de la mesa para ya negociar de manera oficial. Paralelamente hay una subcomisión que está analizando fórmulas para el cese bilateral conformado principalmente por militares activos bajo el mando del general Flórez. Ahora acordaron “un trabajo técnico, continuo y simultáneo sobre los puntos centrales de la Agenda, a la vez que se construyen acuerdos en la Mesa”. Es decir que ahora se conformarán más grupos similares al de Flórez para que vayan trabajando alternativas sobre cómo sería el tema de la justicia, de la dejación de armas, la refrendación e implementación de los acuerdos y también para los puntos que siguen pendientes como el de la zonas de reserva campesina. El trabajo paralelo de estas subcomisiones en principio agilizaría la discusión de los negociadores, pues ya no dependería todo de que Jaramillo y de la Calle estén presentes en todas las discusiones sino que habría grupos de trabajo conjunto elaborando escenarios posibles. En el comunicado, el Gobierno y las Farc dicen que “para llegar sin demoras a la firma del Acuerdo Final” definieron “un plan con metas preestablecidas”, que no dieron a conocer. Este plan se convertiría en el nuevo marco de la negociación y despejaría las dudas de quienes pensaban que quizás las Farc estarían interesadas en esperar a negociar con un próximo presidente que tuviera mayores márgenes de popularidad. Es evidente, con esto, que la guerrilla estaría en principio interesada en finiquitar la negociación antes del 2018. El segundo punto grueso que anunciaron es que van a acordar “sin demoras los términos del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de Armas, incluyendo el sistema de monitoreo y verificación.” Así, entonces, queda claro lo que ya ha había anunciado De la Calle y el mismo presidente Santos en frente de todo el pleno militar: el gobierno accedió entrar a discutir ya el cese bilateral de fuego. Accedió a hacerlo, además, antes de que las Farc aceptaran públicamente que van a asumir una responsabilidad penal por los crimenes que han cometido. Sin embargo, según lo dijo el jefe negociador en su comunicado público, este cese bilateral no se pactará antes de que tengan claro de el gobierno que la visión de justicia que tienen las Farc es compatible con los estándares internacionales que quiere seguir el gobierno colombiano. Es decir que, si como dijo el guerrillero Carlos Antonio Lozada, las Farc piensan que el camino es la “amnistía general”, no habrá cese bilateral del fuego ni proceso. Pero según ha podido establecer La Silla por diversas fuentes, las partes se están acercando a una fórmula que implicaría que la guerrilla acepte una condena penal que no les implique renunciar a la participación política ni a su visión de sí mismos como revolucionarios y que sería sustituida por una pena alternativa diferente a la cárcel. Si logran acordar los parámetros generales de esa justicia, mientras acuerdan los detalles, se proseguirá con la discusión del cese bilateral. Es interesante que, según el comunicado, no se tratará solo de un cese del fuego (es decir de las acciones propiamente militares) sino también de hostilidades (agresiones a la población civil como las extorsiones, ataques a infraestructura, etc). Y que éste iría unido a la discusión de dejación de armas. Además, las partes estuvieron de acuerdo en que sería verificado y monitoreado. Aunque no lo dicen explícitamente, es claro que esa verificación será internacional pues las partes solicitarán el acompañamiento en la subcomisión técnica que estudia fórmulas para el cese bilateral de un delegado del Secretario General de Naciones Unidas y un delegado de Uruguay, como presidente de Unasur. Este acuerdo -aceptar algún sistema de verificación- tiene implícito que habrá algún tipo de concentración de tropas de las Farc, dado que es la única forma viable de monitoreo. Esto sería un logro de los negociadores puesto que las Farc siempre han abogado por un cese bilateral tipo “estatua” en el que cada parte se queda donde está pero no se deja contar. Varios guerrilleros desmovilizados le han dicho a La Silla que apenas la tropa se concentra en un sitio o varios, el reloj comienza a correr en contra porque es virtualmente imposible tener a los guerrilleros quietos durante mucho tiempo sin que la situación se torne inmanejable. Y como la ventaja estratégica de una guerrilla está en que no se sabe ni dónde están ni cuántos son, que hayan aceptado discutir un cese definitivo y verificado es un indicio de que están preparadas para llegar hasta la firma del Acuerdo Final. El desescalamiento ​​ La entrevista que dio De la Calle, que contenía un ultimátum y varias zanahorias, consiguió su objetivo de meterle el acelerador a la negociación y acordar una ruta hacia el final. Mientras en la Habana se debate cómo llegar al fin del proceso, en Colombia se comenzarán a implementar medidas de desescalamiento del conflicto armado como una forma de comenzar a reconstruir la confianza que por lo menos la mitad del país tenía en la negociación. Aunque las Farc la semana pasada ya habían anunciado un cese unilateral del fuego, lo habían condicionado a que era por un mes y siempre y cuando se pactara un cese bilateral. Como ya lograron que se comenzara a hablar lo segundo, su cese unilateral será ahora por lo menos durante cuatro meses. Por su parte, el Gobierno, también a partir del 20 de julio, “pondrá en marcha un proceso de desescalamiento de las acciones militares, en correspondencia con la suspensión de acciones ofensivas por parte de las FARC-EP.” En otras palabras, dejará de bombardearlos y seguramente de atacarlos intencionalmente. Este proceso de “desescalamiento” tendrá un plazo de cuatro meses, al término de los cuales gobierno y Farc harán una “primera evaluación” para “tomar las decisiones que considere pertinentes.” En su alocución, Santos dijo que al cumplir los cuatro meses, evaluará si sigue o no el proceso de paz. Con este plazo, y suponiendo que no lo rompan como lo hicieron cuando mataron a los 11 soldados en el Cauca, el gobierno garantiza que habrá elecciones en relativa calma o por lo menos sin acciones militares por parte de las Farc. Otra cosa serán las movilizaciones sociales que seguramente se intensificarán en las semanas previas a elecciones. Como lo contó La Silla, el fin de semana pasado se reunieron cientos de cocaleros de todo el país en la Constituyente de la Coca en Mocoa, Putumayo. Estos cocaleros estos desde ya están planeando un gran paro agrario, junto con otros sectores campesinos –como los del Catatumbo- que acusan gobierno de no cumplirles los acuerdos logrados tras el paro del año pasado, que paralizó una parte del país. El paro es el plan B de los cocaleros si el presidente Santos no les cumple la promesa que, según los líderes los de la Cumbre Agraria, les hizo: arrancar unos pilotos de sustitución de cultivos muy similares a los que las Farc propusieron hace dos semanas y que apuntan a comenzar a implementar ya los acuerdos sobre cultivos ilícitos. Probablemente es a este tipo de ‘pilotos’, que comiencen a implementar desde ya los acuerdos, es a lo que se refiere el último punto del comunicado conjunto cuando dice que “El Gobierno Nacional y las FARC-EP intensificarán, sobre la base de un cronograma, la implementación de medidas de construcción de confianza.” También hay otros acuerdos como la liberación de los menores de edad de la guerrilla; la sacada de la cárcel de los guerrilleros enfermos o ancianos o que ya hayan pagado una parte importante de la pena, etc. Si es así, esto implicaría otro cambio en las reglas inicialmente pactadas sobre la conducción del proceso que decía que “nada está acordado hasta que todo esté acordado” y que buscaba que las Farc no pudieran lograr ganancias incrementales con el proceso que se constituyeran en incentivos para dilatar la llegada a la firma. En todo caso, con el acuerdo sobre desminado ya habían comenzado a implementar un acuerdo concreto antes de la firma, aunque en ese caso el único beneficiado era la población civil. Quizás ahora, con el compromiso explícito de acelerar la fase final del proceso, es más importante que las Farc vayan ganando confianza en que el Gobierno no les va a hacer ‘conejo’ a los acuerdos y que realmente las armas se volverán inútiles para hacer la política que quieren. También será más fácil para muchos colombianos seguir la recomendación del Presidente, que pidió "creer" en que el fin del conflicto será posible.

Fuente: La Silla Vacía