La construcción de viviendas en parqueaderos de estratos altos de la capital del país quedó suspendida luego de que un juez administrativo acogiera una acción popular que pedía defender el patrimonio público, argumentando que el proyecto resulta “inequitativo, inoportuno e irresponsable con las financias públicas”.
La acción asegura que dicho proyecto pretende disponer de “elevados recursos en favor de unos pocos beneficiarios”.
Dicho recurso fue interpuesto por habitantes de los sectores impactados con el proyecto y fue promovido por el concejal Roberto Hinestrosa, de Cambio Radical.
De acuerdo con el recurso interpuesto, los dineros y esfuerzos destinados en la ejecución de este proyecto podrían favorecer a mayor cantidad de familias de escasos recursos.
Otro de los argumentos expuestos por los ciudadanos fue el hecho de que el Distrito no haya socializado el proyecto.
Así es el plan de vivienda VIP del Distrito en esa zona
Siete predios de estratos 5 y 6 que funcionan como parqueaderos públicos y que pertenecen al Distrito pretenden ser usados para levantar proyectos de vivienda de interés prioritario (VIP) destinados para familias de escasos recursos y desplazados víctimas de la violencia.
La iniciativa, de la Administración Distrital, estima una inversión cercana a los 30.000 millones de pesos para construir 372 viviendas VIP en los barrios El Lago, Chicó y Santa Bárbara.
Los espacios donde la Alcaldía pretende realizar las obras de vivienda pertenecen al IDU, y en ellos, además de hogares, se busca construir parqueaderos públicos.
Los lotes donde se planea levantar los proyectos están ubicados en la calle 109 con carrera 17, carrera 11A con calle 88, calle 82 con carrera 11, carrera 11 con calle 93A. Están cerca del parque El Virrey, diagonal al Centro Comercial Andino y frente al Centro 93, zonas que se caracterizan por su amplia oferta comercial, gastronómica y de rumba.
Se estudia también que algunos de los locales comerciales sean asignados a las madres desplazadas cabeza de familia o para organizaciones de desplazados que quieran montar negocio.
La decisión, que generó polémica por las implicaciones que tendría en este sector, fue rechazada por los vecinos, para quienes la mayor preocupación es cómo se adaptarían las víctimas a las dinámicas de estos barrios, por los altos costos. A su vez, víctimas de la violencia que podrían vivir en ese sector dudaron de si podían adaptarse a un entorno con alto costo de vida.
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